Al manual de resistencia de Pedro Sánchez siempre le quedan páginas por escribir. El viaje a China, de donde Nafarroa se ha traído la confirmación de una inversión industrial millonaria; la cumbre de Barcelona junto a otros líderes de la izquierda mundial y hasta el reciente acuerdo de PP y Vox en Extremadura, con planteamientos directamente xenófobos en materias como el acceso a las ayudas sociales y la vivienda, le permiten recuperar en la arena puramente política el terreno que le discuten desde los juzgados.

El líder socialista ya había capitalizado en las últimas semanas su reedición de un No a la guerra al que, de un modo u otro, se han ido sumando otros líderes internacionales.

El viaje a China le ha servido para comprobar además la eficacia del mensaje, que ha calado en la segunda potencia mundial. Sánchez es visto allí como el dirigente internacional que con mayor contundencia se ha opuesto a Trump.

No está Xi Jinping para dar lecciones de derechos humanos, pero la diplomacia de las bombas que ha tratado de imponer el presidente de Estados Unidos solo ha traído destrucción, empobrecimiento y desprestigio para su propio país. Magullado y dañado, el régimen iraní sigue vivo. 

La apuesta de Sánchez por China es antigua. Y, aunque genera recelo en otros socios comunitarios como Alemania, muy amenazados por el poderío de un gigante asiático al que no hace tanto querían colonizar con sus marcas, tiene sentido.

La segunda economía del mundo se ha convertido en uno de los inversores más relevantes y está tomando el testigo que un día portaron los socios comerciales tradicionales, hoy venidos a menos. Lo decía Mikel Irujo, consejero de Industria del Gobierno de Nafarroa, en el Financial Times, a propósito del continuo desfile de empresas chinas estudiando el mercado. “Puedo contar con los dedos de una mano, y me sobrarían, las compañías estadounidenses que han mostrado interés por invertir”.

Vivienda y xenofobia

Anfitrión de la cumbre de Barcelona, que ha reunido a algunas de las primeras figuras mundiales de la izquierda, Sánchez mira de reojo hacia Extremadura, donde el pacto entre PP y Vox aboga por excluir de las ayudas y del acceso a la vivienda pública a los inmigrantes que han llegado en los últimos años a nuestros territorios. Una medida sobre la que incluso ha advertido Isabel Díaz Ayuso, siempre atenta a la realidad de su propia parroquia, y que tiene en el encarecimiento de los alquileres su explicación última. La vivienda sigue siendo la asignatura pendiente de todos los gobiernos y se abre como una grieta por la que se cuela la xenofobia.