La crisis escenificada esta semana, a propósito de los conciertos educativos, entre el PSN y Geroa Bai, los dos socios mayoritarios del Gobierno, está lejos de ser una anécdota. El daño es real y afecta a la confianza entre ambas formaciones, que llevan entendiéndose de forma clara desde 2019, cuando María Chivite accedió al Palacio de Navarra por primera vez y un Ejecutivo de coalición echó a andar. Los resultados electorales de 2023 permitieron repetir una fórmula, vigente hasta hoy, que ha garantizado la aprobación anual de Presupuestos y de numerosas leyes en diferentes ámbitos de la acción política.
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El fin de semana seguramente está sirviendo para templar los ánimos, como mostraban ayer mismo las declaraciones de Uxue Barkos, candidata a la presidencia del Gobierno por Geroa Bai en las tres últimas citas electorales. Barkos mostraba la apuesta de su formación por “gobiernos progresistas y políticas estables”. Agua para rebajar la temperatura de un incendio cuyos verdaderos efectos se calibrarán mañana cuando las tres formaciones, incluida Contigo Zurekin, se reúnan para revisar el acuerdo programático que firmaron hace tres años.
La realidad es que el actual Gobierno tiene pendientes tareas muy importantes en los apenas 12 meses que restan de legislatura. Para el próximo mes, por ejemplo, está previsto que llegue al Parlamento de Navarra la Ley de Salud, llamada a sentar las bases del funcionamiento de Osasunbidea, servicio fundamental para la ciudadanía, en los próximos años. No es un asunto menor, como tampoco lo es la Ley de Industria, también pendiente de su paso el legislativo foral en un momento en el que Navarra está a punto de concretar inversiones millonarias procedentes de China, o la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, verdaderos agujeros de la ley estatal de vivienda que Navarra tiene margen y capacidad corregir.
Todo ello suponen razones suficientes para anteponer el interés general al cálculo particular, por mucho que las discrepancias en educación persistan. En esa materia, es necesario abordar de una vez el reto que impone la demografía, que reduce año tras año el número de alumnos. Pero, sin urgencias presupuestarias –el coste de mantener los conciertos ronda el millón de euros–, conviene hacerlo con sosiego y acuerdos amplios.