La soberanía de América Latina se encuentra, una vez más, bajo el escrutinio unilateral de la política exterior de Estados Unidos. Aunque las tensiones diplomáticas, los bloqueos económicos y las recientes operaciones de fuerza puedan percibirse como un fenómeno exclusivo de la política contemporánea de Washington, la realidad histórica demuestra que se trata de un engranaje centenario.
Desde la Doctrina Monroe de 1823, que definió el hemisferio occidental como área de influencia exclusiva de EEUU, la injerencia directa e indirecta ha sido la piedra de toque de su estrategia continental. Este intervencionismo legitima el uso de la coacción contra aquellos gobiernos soberanos que deciden apartarse de las prioridades de la Casa Blanca.
Esta tutela perpetua se ha ejecutado a través de un amplio abanico de mecanismos políticos, financieros y militares. A lo largo del último siglo, Washington ha utilizado desde el estrangulamiento económico y el aislamiento diplomático hasta la acción directa de sus fuerzas armadas y sus agencias de seguridad para neutralizar cualquier proyecto nacionalista o de izquierda ajeno a sus intereses corporativos.
Los datos oficiales desclasificados constatan este patrón: la invasión militar de República Dominicana en 1965, el patrocinio del golpe de Estado en Brasil en 1964, el asedio financiero para desestabilizar a Salvador Allende en Chile que precedió al golpe de 1973, o la invasión directa de Panamá en 1989. En todos estos episodios, las agencias de espionaje operaron únicamente como herramientas de una política estatal de dominación mucho más amplia y planificada.
La vigencia de esta estrategia ha alcanzado su punto más álgido con la supuesta Operación Resolución Absoluta en Venezuela en enero de 2026. El asalto militar directo y la captura de Nicolás Maduro constituyen, según el texto, el último capítulo de una política de control territorial e industrial que permanece inalterada.
Este tipo de intervenciones confirman que la autonomía estatal en la región sigue supeditada a los límites tolerados por el poder norteamericano. La soberanía latinoamericana no es un derecho garantizado, sino una frágil condición permanentemente asediada por los intereses globales de su vecino del norte, independientemente del color político y el carácter del inquilino del Despacho Oval.