Alberto Núñez Feijóo se ha sumado a la tradicional teoría conspiranoica del “gran reemplazo” –acuñada por la extrema derecha en EEUU contra la inmigración– al calificar la concesión de la nacionalidad a los descendientes de la diáspora y el exilio de “ingeniería electoral”. La denuncia nace de un prejuicio: la categorización de todo un colectivo como votantes inherentemente ajenos y hostiles a los intereses del PP, algo que no resiste el menor análisis sociológico. Los beneficiarios de la llamada “ley de nietos” conforman un grupo de enorme diversidad de orígenes, realidades socioeconómicas y, por supuesto, sensibilidades políticas. El relato de Feijóo es un reflejo de la inseguridad del PP ante una pluralidad que no controla y su propia sangría de voto al entregarse a la agenda de Vox.
Lo que sí constituye un ejercicio premeditado de ingeniería electoral son las reiteradas propuestas de la derecha española, que aspiran a alterar los procedimientos básicos del sufragio para sobredimensionar artificialmente su representación. Ahí está la reciente y alarmante propuesta del propio Feijóo de otorgar un plus de representación en el Congreso al partido más votado. A esto se suma su pertinaz intento de introducir en la Ley de Régimen Electoral (LOREG) la exigencia de que gobierne automáticamente la lista más votada en el ámbito municipal y autonómico, hurtando a los parlamentos y plenos su capacidad natural para configurar gobiernos plurales. Tampoco se debe olvidar el recurrente coqueteo con un sistema de doble vuelta mayoritario, ideado para blindar el bipartidismo.
Y aún más lesivas son la demanda de circunscripción única o la imposición de una barrera electoral del 3% o el 5% sobre el conjunto del voto en el Estado. El objetivo es diáfano: minimizar a los partidos soberanistas, de fuerte implantación local, y diluirlos en la demografía estatal. Todas estas medidas buscan mayorías reforzadas ficticias, a despecho del papel legitimador de las urnas. Para ello, obvian la exigencia de proporcionalidad y circunscripción provincial que encomienda la Constitución en su artículo 68. Sin embargo, si la meta es aplastar la plurinacionalidad del Estado en la representación parlamentaria, el Partido Popular sí estaría dispuesto a moldear a gusto el marco constitucional.