Alquilar con la ‘garantía’ de Nasuvinsa

Me decidí a poner en alquiler mi piso de herencia familiar en Pamplona cuando supe que podía hacerlo contando con la garantía de la empresa pública Nasuvinsa. La rentabilidad que me ofrecía era inferior a la de mercado pero me compensaba la seguridad ofrecida, o eso creía. Sus exigencias para admitir mi vivienda en su programa de alquiler social fueron muchas y costosas, pero las acepté, considerándolas muestra de esa supuesta garantía que iba buscando, creyendo ingenuamente que el mismo grado de exigencia se tendría al devolverme el piso.

Durante los años que ha durado el alquiler todo ha ido aparentemente bien, cobrando puntualmente la renta acordada. Pero la devolución ha sido una pesadilla. El proceso se ha alargado durante más de cuatro meses, en los que he sido víctima de numerosos engaños y he tenido que pelear mucho para conseguir lo que considero justo y responde a las expectativas que esta empresa pública me dio: recuperar mi piso en condiciones similares a las que tenía cuando lo cedí. Los inquilinos dejaron el piso destrozado, saqueado y con evidentes muestras de haber sido subarrendado. He tenido que pelear muchísimo con Nasuvinsa para conseguir que algunos de los destrozos fueran reparados, otros no lo he conseguido ya que esta empresa pública no se siente obligada a responder del mobiliario, devolviéndome electrodomésticos inservibles y armarios empotrados destrozados. En cuanto al grado de limpieza que me exigió, como si yo misma fuera a vivir en el piso, un insulto la mugre que me ha devuelto. Y lo peor de todo, teniendo necesidad urgente de recuperar mi vivienda, me hizo creer que me la devolvería en plazo breve y en buenas condiciones de uso, ocasionándome graves perjuicios el incumplimiento de ambas promesas.

No entiendo que esta empresa pública no haga lo posible por devolver las viviendas a sus dueños en condiciones similares a las que tienen cuando se las cedemos, y recurra a cláusulas contractuales y burdas triquiñuelas para eludir su responsabilidad. Tampoco entiendo que no exija a sus inquilinos un comportamiento más cívico. Indigna saber que las personas que destrozaron y saquearon mi piso están ahora en otro. Considero que la otra cara del derecho a tener una vivienda es el deber de tratarla como si fuera la propia. Si esto se exigiera a los inquilinos, yo me habría ahorrado los desperfectos que Nasuvinsa no asume, además de muchos disgustos y otros perjuicios; y todos los contribuyentes navarros nos ahorraríamos las numerosas y costosas reformas que sí asume y sufraga con fondos públicos. A mí me ha dicho que mi caso ha sido especial, cuestión de mala suerte. Pero yo, después de verle hacer, no me lo creo.