Cuando el Gobierno de Navarra introduce cambios tan drásticos en el perfil de usuario de sus centros residenciales no puede quedarse a esperar que todo vaya bien. A veces no es posible atender diferentes realidades sin diversificar servicios. Algo así está ocurriendo ahora mismo en el centro San José.
Los responsables de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas han considerado idóneo el ingreso de una persona cuya capacidad y necesidades no tienen nada que ver con las que atendemos en este centro, donde los residentes son personas adultas con graves discapacidades intelectuales.
No es de extrañar que quien ingresa en estas circunstancias se encuentre de repente recluido en un entorno que él mismo observa distante, donde no puede socializarse con otros residentes y donde es atendido por personal no especializado.
Resulta obvio que los requerimientos habituales de las personas con grave discapacidad intelectual no se parecen en nada a los que precisan personas en otras situaciones, cuyas capacidades y demandas requieren otros servicios, tal y como les reconoce la propia Cartera de Servicios Sociales. ¿Qué evolución positiva se espera entonces de este ingreso?
La Agencia conoce los graves problemas de convivencia y de otro tipo que está generando esta decisión. Tiene datos suficientes para replantearse este ingreso, una vez que el reto implica tantos peligros. Ya se ha hecho la prueba y se han visto los resultados. ¿No es hora ya de rendirse a la evidencia? No hay nada deshonroso en dar marcha atrás. Estamos a tiempo de evitar males mayores.
Entendemos que la Agencia ha de ocuparse de dar la mejor solución posible a todas las personas que requieren un servicio residencial, pero desde una planificación racional que disponga de los medios adecuados; que los recursos se adapten a las personas y no al revés. Y crearlos si hace falta. ¿Aceptaríamos que metieran a una adolescente en una guardería por falta de plazas para su edad? Pues esto es casi lo mismo.
