El organista benedictino Joaquín Montull aseguraba que las víctimas republicanas enterradas en el Valle de los Caídos “desde una visión sobrenatural”, son las primeras en desear que Franco no salga del Valle de los Caídos. En la proximidad del órgano de esa basílica yacen los restos de nuestro tío, Antonio Arrizabalaga Ugarte, que luchó y murió defendiendo la legitimidad de la República, siendo sus restos exhumados del cementerio donde yacían y llevados a ese fatídico destino sin ningún consentimiento familiar.

Desconozco si la orden benedictina y la Iglesia asumen como propias las declaraciones de Montull, si bien nadie le desautoriza. En un estado laico cuyos preceptos constitucionales garantizan la libertad ideológica y religiosa de los individuos, como el derecho fundamental a la dignidad de la persona y a su memoria, no se puede mantener esta ofensa permanente hacia quienes fueron inhumados por la fuerza, sin la certeza de que fueran católicos.

Según el prior de los Caídos y la propia Iglesia no se puede violentar la voluntad de la familia Franco, pero sí pueden violentar la voluntad de los familiares que reclamamos los restos de nuestros seres queridos. Ellos dicen solo respetar la autoridad civil del Tribunal Supremo, pero no han respetado hasta ahora la sentencia firme dictada en 2016 a favor de los hermanos Lapeña.