Ha empezado el juicio del procés, después de analizar expectativas, riesgos y llegar a la conclusión de que será el medio para recuperar el prestigio perdido por los espectáculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O contra la población por querer votar en el referéndum, de las múltiples torpezas cometidas y las posibles consecuencias que se deriven del recurso que eleve el Govern ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Se percibe una sensación de tranquilidad que mueve a sospechar que en el Ministerio de Justicia no han entendido las consecuencias que se derivarán de la sentencia que el Supremo ya tiene redactada.

El Gobierno no tiene propósito de la enmienda, sino que se afianzan en sus ansias de apretar el nudo de la soga que han puesto al cuello a los independentistas para castigar a los revoltosos que quieren abandonar la patria y que paguen por incumplir la Constitución.

No terminan de entender que esa es la respuesta del necio prepotente: mantenella y no enmendalla. Los jueces ignoran que a la ciudadanías catalana el contenido de la sentencia les es indiferente: que lo crítico es que se celebre el juicio y la sentencia, pues es condición necesaria para recurrir al TEDH. Deberían intuir los términos de la de Estrasburgo. Además, que contra la misma ya no cabe recurso y es de obligado cumplimiento en todos sus términos. Entre ellos: plenas garantías de que los presos quedarán libres y los exiliados volverán a Catalunya con sus derechos intactos. Como consecuencia de ello, el Gobierno central y el Govern acordarán los procesos adecuados encaminados a negociar una salida justa del conflicto. Habrá que evacuar asuntos importantes pendientes, como la presencia del juez Llarena ante un juzgado de Bélgica denunciado los acusados de falta de independencia en la instrucción del procés. Todo ello hace suponer que el juicio del 12-F va a convertirse en una ratonera porque el rigor del Supremo quiere imponerse a los principios de derecho de los tribunales europeos.

Cabría la posibilidad remota de que la sentencia fuera absolutoria ante la vigilancia de los tribunales europeos, pero supondría contradecir todas las tesis tradicionalmente mantenidas por la justicia española.