En febrero de 2018 se inicia una pesadilla para las vecinas y vecinos de la calle Tilinturri de Larrión (Allín), ya que el dueño de una de las bajeras del edificio decidió alquilarla para que fuera ocupada por una serie de personas, a pesar de que la bajera no reúne condiciones de habitabilidad y, por lo tanto, no puede ser una vivienda, además de encontrarse en la zona urbana de Larrión con mayor riesgo de inundabilidad.

El Ayuntamiento de Allín legalizó una serie de obras realizadas sin licencia que permitieron a estas personas instalarse (hasta entonces ni siquiera contaba con ducha), aduciendo que eran compatibles con un txoko, y empadronó a varias de ellas en la bajera a pesar de no ser una vivienda, esgrimiendo la normativa de empadronamiento para personas sin domicilio, pero, en realidad, efectuó un empadronamiento irregular de personas que provenían de otro domicilio en Navarra, haciéndoles creer que se les había inscrito en el padrón de manera ordinaria.

Al carecer la bajera de calefacción y aislamiento, y sufrir una gran humedad, estas personas queman todo tipo de residuos madereros, entre ellos, contrachapados y palés, en un fogón que no está en buenas condiciones, con el consiguiente peligro de incendio y de intoxicación para todo el vecindario.

Por otra parte, en torno a las personas que ocupan la bajera, se congrega un numeroso grupo familiar numeroso, cuyos miembros han realizado una acampada semipermanente con diversas furgonetas y coches en los alrededores del edificio de viviendas, produciendo ruidos hasta la madrugada, tirando basura por todo el entorno (a pesar de la cercanía de los contenedores de basura), lavando vajilla, ropa e incluso coches en el río Urederra y haciendo sus necesidades fisiológicas entre la vegetación que rodea el área de baño fluvial del puente de Larrión.

Esta situación se ha denunciado al Ayuntamiento de Allín, al Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, al servicio social de base e incluso, a Riqueza Territorial de la Hacienda Navarra, pero dichas instituciones han hecho caso omiso y han permitido, con su dejación y/o colaboración, que se produzca este acoso inmobiliario sobre las y los vecinos del edificio, la mayoría personas mayores. ¿Hasta cuándo va a durar la impunidad?