52 parlamentarios franceses han hecho pública una carta en Le Journal du Dimanche en la que, entre otras inquietudes, “muestran su preocupación por la violación de los derechos fundamentales y el ejercicio de la democracia en Cataluña”. Es continuidad de otra del mes de abril de 41 diputados galos al Gobierno español referente al trato a los prisioneros políticos en el procés. El problema está adquiriendo dimensión internacional, pero el correoso Pep Borrell les ha respondido, entre otras lindezas, que “son unos ignorantes, pues en España no hay presos políticos y nadie es perseguido por sus ideas”. También Manuel Valls, exprimer ministro galo, les califica de “irresponsables e ignorantes”. La contumacia de Borrell está adquiriendo dimensión internacional que le desacredita como responsable de la diplomacia española, pues en lugar de ejercer su misión se ocupa de actuar de apagafuegos en los múltiples foros internacionales en los que se denuncia a la justicia española que no respeta las normas del derecho. Sánchez debió destituirlo de inmediato de ministro, pero ya ha logrado que le designen responsable de Asuntos Exteriores de la UE a pesar de las dudosas pruebas de su gestión patrimonial y del fanatismo con que ha defendido a Marchena al frente del tribunal que ha enjuiciado a los prisioneros políticos catalanes. No parece que en la justicia española haya propósito de la enmienda. En todo caso el ambiente entre los magistrados de los altos tribunales es de inquietud, pues ven que sus sentencias son rechazadas en tribunales internacionales y por la cada vez más difundida opinión negativa de la opinión pública mundial. Mientras, Sánchez, Iglesias, Rivera y Casado en las sentinas calentando máquinas para el 10-N.
