Salud debe revisar los protocolos que aplica en las residencias de manera que no se imponga un confinamiento preventivo a personas que ingresan en el centro tras una estancia en el domicilio o en un hospital. Lo que ha sido una medida extrema, comprendida por la gravedad del riesgo al contagio, pierde sentido una vez que todas las personas que residen y trabajan en estos centros han tenido la opción de vacunarse.
Urge por tanto repensar estos procedimientos para acabar con aislamientos casi carcelarios. No podemos normalizar medidas tan drásticas que se oponen a los derechos elementales de todo usuario en estos centros.Si además estas medidas se imponen solo a quienes no han querido vacunarse (o sus familiares no lo han autorizado en el ejercicio de su tutela) se les está discriminando en su derecho a elegir, aplicándoles un castigo que pone más en riesgo su libertad que su salud. Nada impide que estas personas asuman los riesgos que conlleva su vida diaria dentro de los centros donde viven; lo mismo que no se impide trabajar al personal que no ha querido vacunarse. Por favor, no agravemos la situación anímica de residentes que vienen sufriendo un año especialmente difícil. La vacuna cambia el enfoque ético de estas situaciones. Seamos eficaces en el uso de aquellas medidas estrictamente necesarias y evitemos provocar daños inhumanos a personas que no pueden entender siquiera qué es un virus o una vacuna.
El autor es cuidador del Centro San José
