El gobernador de Virginia ha indultado a siete negros ejecutados hace 70 años acusados de violar a una joven blanca. El jurado estaba formado exclusivamente por blancos. El gobernador reconoce que no tuvieron un juicio imparcial y repentinamente se le despierta el sentido de justicia. El caso fue conocido como Los siete de Martinville. A buenas horas quiere repararlo. A quienes habría que aplicarles la más severa condena debería ser a los jueces que se limitaron a firmar las sentencias y sentarlos en la silla eléctrica. Está por desarrollar una tesis doctoral sobre los ajusticiados que se demuestre que fueran inocentes. Esta es la responsabilidad en la que incurre la sociedad que entrega a los jueces poderes absolutos para hacer y deshacer y no investigan posibles errores o emiten sentencias poco reflexionadas, pues se convierten en asesinatos impunes porque se les indulta para que no cunda el pánico entre ellos y los políticos. Sería oportuno analizar el caso del vasco Ibar, condenado a muerte por asesinato, que ha pasado 25 años en el corredor de la muerte. Un sistema penal que contiene tal dosis de crueldad debería ser eliminado por respeto a la vida humana. Revisada la sentencia fue condenado a cadena perpetua porque el conocido juez vengativo y justiciero de Florida, Dennis Bailey, como el típico juez de un film del West, se ha empeñado en llevarle a la silla eléctrica como si se tratara de un trofeo, todo ello con pruebas tan débiles que existe la conciencia extendida por todo el mundo que ese juez debería ser apartado del caso y ser sometida su actuación a investigación judicial a la que la mayoría de los jueces se niegan por principios corporativos. En España sería muy bien recibida una acción popular que investigara la actuación de los jueces en el Franquismo y en la Transición.
