Gaztelaniaren hiztunen eskubideak euskararen hiztunen eskubideen gainetik daudenean, ez dira euskararen aurkakoak, euskararen hiztunen eskubideen aurkakoak baizik, euskaldunen aurkakoak dira.Seamos realistas, pidamos imposibles, debiera ser la frase con la que debemos afrontar nuestros anhelos para salir de la situación de invisibilidad en la que se quiere colocar a la lengua de una parte de la población de Euskal Herria.

No se trata de lograr un consenso en torno a cuáles son la limitaciones a las que se debe someter al euskara en el ámbito de Euskal Herria, se trata de tomar medidas claras para salir de ese bucle en el que el euskara se muerde la cola: “como no es práctico no se practica”.No hay ninguna familia política, salvo alguna excepción, que se posicione contra el euskara, me estoy refiriendo a las familias políticas unionistas que declaran, y en cierto modo es cierto, no tener nada en contra del euskara. Esas familias políticas desean que el euskara sea una lengua de comunicación, eso sí, para el ámbito privado, lo que no están dispuestas a reconocer son los derechos de las personas hablantes del euskara.

No están en contra del euskara, están en contra del derecho de las personas hablantes a expresarse en su lengua en todos los ámbitos, públicos y privados, ante las administraciones públicas, sean estas locales, autonómicas o estatales.Las persona hablantes del euskara y las que no siendo hablantes lo deseen, tienen derecho a recibir ellas y sus hijas e hijos todos los servicios en su lengua, desde la escuela hasta la sanidad, pasando por la justicia y la policía, los funcionarios locales, autonómicos, estatales o supraestatales.

Para salir de este “bucle monolingüe” necesitamos propuestas y acciones políticas claras que garanticen los derechos, no necesitamos consensos de mínimos, necesitamos una garantía de que los derechos de las personas, también los lingüísticos se cumplen.No podemos olvidar que los derechos no los otorgan vía proposición de ley, esa vía es, en todo caso, por la que en último caso se reconocen los derechos que las personas ya tienen, se los haya reconocido o no su ayuntamiento, su autonomía o el estado en el que están encuadradas y o cualesquiera organismos supra-nacionales.