Este 23 de julio se decide en las urnas quiénes conformarán el Gobierno del Estado y volvemos a presenciar la continuación de una campaña electoral basada en las promesas de extensión, recorte o supresión de derechos.

La sombra de la extrema derecha, que ya ha tocado tierra y escaños tras las elecciones del pasado 28 de junio, deja a su paso zonas grises donde muchos partidos tratan de no significarse demasiado en la defensa de derechos sociales y políticos, juegan al miedo, nos lanzan cifras y soluciones mágicas sin proponer cambios estructurales, sin desvelar del todo a quiénes se dirigen. Pero una cosa queda siempre clara: sabemos que cuando hablan de ciudadanía, concepto que redefinen a su antojo, la mayoría hace referencia sólo a aquellas personas que gozan del privilegio del origen nacional, las demás no cuentan. 

Cuando hay elecciones esto se evidencia aún más, de hecho, mañana domingo más del 12% de la población no podrá votar, está excluida por ley del derecho al voto por no contar con la nacionalidad, así que no tendrá derecho a elegir a sus representantes y tampoco podrá representar a ninguna fuerza política, y esto a pesar de vivir aquí o de haber nacido aquí o de contribuir cada día al desarrollo de proyectos sociales y políticos que construyen esta sociedad. Esta exclusión refuerza la idea de que sea el poder establecido el que siga definiendo quiénes y cuándo cuentan como sujetos políticos y quiénes pueden decidir o formar parte de la clase política y sus campañas.

Analizar el panorama político actual desde una perspectiva antirracista es desolador: no existe ni una sola propuesta electoral para dotar de herramientas reales que reconozcan y hagan frente al racismo institucional, la política migratoria sigue siendo un pacto de Estado con una ILP por la regularización que sigue en el cajón sin siquiera debatirse, mientras la Ley de Extranjería sigue parcheándose al servicio del mercado de trabajo y de las necesidades del sistema. Las instituciones gubernamentales siguen elaborando planes de convivencia y de atención a la diversidad pero sin garantizar derechos, desde el asimilacionismo, sin hacer el ejercicio de entender cómo opera de verdad el racismo, de qué se alimenta y cómo se perpetúa y de aquellos barros vienen estos lodos, que hoy se sientan en escaños a vomitar odio ya sin tapujos. 

Para quienes viven empujadas a los márgenes, todos los días son el mismo, intentando acceder al sistema de protección social, soportando una mirada que oscila entre la criminalización y la pena y atravesadas por las múltiples discriminaciones estructurales. Consideramos que toda la sociedad debe exigir a los diferentes responsables políticos que se tomen las medidas necesarias para reconocer en toda su plenitud los derechos políticos, civiles y sociales de toda la población extranjera.

Asimismo los partidos políticos, tanto de ámbito autonómico como estatal, tienen la responsabilidad de mostrar ya su firme compromiso para modificar el artículo 13.2 de la Constitución que mantiene esta discriminación en el reconocimiento del derecho al voto. En suma: todas las personas que aquí viven deben tener el derecho al sufragio activo y pasivo. Por nuestra parte, nos seguiremos organizando de manera colectiva, con ritmo propio, sin que nos marquen los tiempos las campañas del odio y del miedo.

Por Flavia Navarrete Álvarez, Aleyda Gaspar González, Beatriz Villahizán Lagunas 

SOS Racismo Nafarroa