Con este palabro quieren explicar desde la Administración, cualquier Administración, que se quitan un muerto de gestión de encima para adjudicárselo a una empresa privada, normalmente mediante concurso público.
Ejemplos varios: Ayuntamiento de Pamplona con las bicicletas eléctricas; Gobierno de Navarra con las residencias y centros para dependientes. Ya sé que desde hace tiempo todo está normalizado y que entra dentro de la legalidad. Pero sé también que la Administración se vale de ello para poner una barrera y que no le salpiquen los problemas de los servicios catalogados más farragosos (cuidado con salud y educación).
Cuando surgen estos, la empresa está desaparecida, la Administración intenta esconderse y los trabajadores son los que reivindican soluciones de organización o salariales, exigiendo la intervención de las administraciones correspondientes para mediar en los conflictos. La empresa entró en el juego para ganar dinero. La Administración para quitarse problemas. Y los usuarios y trabajadores pagan las consecuencias sin comerlo ni beberlo. Esto lo hemos conocido en multitud de ocasiones, sobre todo en el ámbito de la atención a personas mayores y/o dependientes. Los contratos son redactados por la entidad que externaliza el servicio y siempre se curará en salud.