He leído con asombro la noticia sobre la concesión de una pensión vitalicia a un exfutbolista profesional tras su retirada por lesiones. Más allá del caso concreto, la pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es inevitable: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Hablamos de personas que durante años han percibido salarios millonarios, muy por encima de lo que la mayoría de la población ganará en toda su vida laboral. Profesionales que han tenido acceso a los mejores servicios médicos, fisioterapeutas y medios de prevención. Y, aun así, cuando su carrera termina, el sistema público responde con una pensión vitalicia mientras miles de trabajadores con lesiones graves, enfermedades crónicas o discapacidades evidentes ven denegadas sus solicitudes una y otra vez.
¿De verdad es justo? ¿Es razonable que quien ya ha acumulado un patrimonio enorme recurra a la incapacidad permanente mientras otros, tras décadas de trabajo duro en la construcción, la industria o los cuidados, apenas reciben protección? Este tipo de decisiones no solo generan desconcierto, sino también una profunda sensación de desigualdad y agravio comparativo. Alimentan la idea de que no todos somos iguales ante el sistema y de que, una vez más, hay ciudadanos de primera y de segunda.
Quizá el problema no sea solo legal, sino moral. Y convendría reflexionar seriamente sobre qué valores estamos premiando y qué injusticias seguimos normalizando.
