Sirva esta reflexión como contrapunto a la carta que hace unos días se publicó en esta sección, firmada por T. Leache. Entiendo que, como trabajadores de la enseñanza, los profesores de religión deben gozar de los mismos derechos y deberes que el resto del profesorado.
En este sentido, quienes estamos a favor de que la religión se saque del sistema educativo, sabemos que, tal y como están las cosas de palacio, habrá que esperar a que venga un Gobierno y decida que la religión, como tal asignatura, no tiene cabida en el sistema educativo, menos aún en un Estado, si no laico, expresamente, sí neutral o aconfesional.
Pero quien piense que la enseñanza de la religión se justifica en razones constitucionales, o en los derechos de la familia o en los maravillosos efectos que dicha enseñanza tiene en quienes la reciben, olvidan que la historia de ese supuesto derecho no tiene nada que ver con la Constitución ni con un Estado de Derecho.
La razón verdadera de que la enseñanza de la religión siga en la escuela está en otro lugar. Y es muy sencilla de señalar. Obedece ni más ni menos que a los acuerdos del Gobierno con la Santa Sede, el famoso Concordato, aprobado en 1953 y, posteriormente, renovado en 1976 y 1979.
En la actualidad, dicha enseñanza se regula por los acuerdos renovados de 1979, y cuyo artículo II, relativo a la enseñanza, dice: “Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
No sé si dicho puesto de trabajo peligra en la actualidad, pero lo que está claro es que la religión en la escuela seguirá mientras estén vigentes estos acuerdos. Así que no se apele a la Constitución para justificar ese derecho, porque no es así. Es producto de un privilegio, concedido por el gobierno de Franco a la Iglesia para agradecerle sus servicios a la hora de legitimar teológicamente su golpe de Estado y su santa Cruzada de 1936.
Sin este anacrónico y antidemocrático Concordato, lo lógico sería que dicha formación confesional se diese en la parroquia o en la sinagoga. Nunca en la escuela.
