Desde lejos, la historia del juez Garzón se ve de manera ambigua y casi siempre partidista. No todos son apoyos ni mucho menos. A pesar de lo sucedido en Argentina, el acoso procesal al juez Garzón se ve como una especie de castigo a sus pretensiones de poner en tela de juicio el franquismo y los crímenes cometidos a su amparo. Eso es un abuso y es guerra civilismo y debe ser proscrito y castigado. Es lo mismo que se oye en la prensa que le ataca, más por lo que representa que por lo que haya podido hacer de erróneo.

Durante demasiado tiempo, y con mucha fuerza mediática, se ha hecho del ejercicio de la memoria un sinónimo de la revancha, del resentimiento y de la venganza incluso. Nunca de justicia o de memoria a secas, de necesidad de fijar ésta, al margen de la historia escrita al servicio del abuso. Los crímenes se cometieron, y la impunidad judicial e histórica ha ido cayendo sobre sus autores.

Quien utiliza la acusación de que aquéllos que están empeñados en la recuperación de restos y en fijar la memoria precisa de lo sucedido en los días de la guerra, en las retaguardias sobre todo, no hacen otra cosa que mala política de revancha guerra civilista, no se dan cuenta que la negación persistente de ese legítimo derecho es de manera clara y rotunda un argumento político, de bandería pura, identificatorio de una derecha beligerante.

No es Bolivia el único país donde he comprobado que un amplio sector de la población sostiene que es mejor no remover, pasar página, y se ve esto último como una virtud cívica. Lo pasado pasado y las víctimas..., las víctimas que digieran como puedan el daño recibido. La referencia a providenciales leyes de amnistía y punto final, que evitan enfrentarse con verdades incómodas, es más habitual de lo que parece.

Esto me llama la atención en un país como Bolivia, donde un amplio sector de la población ha padecido distintos regímenes dictatoriales, donde se busca de manera infructuosa los restos de algunos políticos asesinados, y donde estuvieron refugiados criminales de guerra nazis hasta los primeros ochenta del siglo pasado.

Dicho sea de paso, en el centro de la ciudad de La Paz, potentemente iluminado en la noche por focos halógenos, reluce el escudo de la Una, Grande y Libre, recientemente restaurado en sus oros, se ve, con dinero oficial: la Casa de España. Si se trata de decoración no veo por qué no añadir las banderas de la Falange, y las otras, las de los Manos Limpias, y poner de paso los bustos de Franco y José Antonio que han retirado en otras partes. Se ve que la Ley de Memoria Histórica no llega a los locales que son propiedad del Estado español o se sostienen con subvenciones de éste. Se entiende mal que un centro oficial español, sostenido con dinero público, luzca en su fachada el rotundo Una, Gran y Libre del franquismo. La Ley de Memoria Histórica y símbolos del franquismo debe referirse a otra cosa.