Noticias malas y viejas

"Una dictadura de nuevo cuño con métodos viejos", es el único comentario que se me ocurre acerca de la situación política y social que estamos viviendo.

Somos muchos los que nos preguntamos cómo es posible que un partido que lleva en el poder poco más de un año haya, en ese tiempo, desmantelado casi por completo lo construido durante décadas con esfuerzo, mucha lucha y con sangre, porque las conquistas sociales no han sido incruentas ni mucho menos y vienen de lejos.

El recurso a la mayoría que les votó como explicación a este estado progresivo de agravios es pobretón y penoso, y mete más miedo que otra cosa, porque quiere decir que el partido en el poder somete en nombre de esa mayoría a una parte importante de la población y perjudica a conciencia -causa dolor en palabras de Gallardón- no solo a esta, sino a sus propios votantes. Y lo ha hecho por encima de todas sus promesas electorales que se han revelado mentiras rebuscadas por las que nadie les ha pedido cuentas, ni sus propios votantes, lo que quiere decir que estos están de acuerdo con el sistema de abusos policiacos, autoritarios, que están levantando en su nombre. Y toda esa destrucción de bienestar y empleo la han hecho en beneficio de los nuevos gobernantes: la casta financiera. Guerra sin pólvora, dictaduras de traje y corbata, y mucho enredar y retorcer las leyes y controlar de manera extenuante a los ciudadanos hasta tenerlos en una situación que no es novedosa pero se acerca al parque temático: en libertad vigilada.

Y a propósito de esa libertad vigilada. El ministro del Interior, cuyas maneras son una mezcla de sacristanescas y de guardia de la porra, sostiene ahora que el Gobierno multa a los indignados "para concienciarles", porque cree que "las sanciones pecuniarias, de hasta 300 euros, llevarán a las personas multadas a colaborar con las Fuerzas de Seguridad". O son perversos o son estúpidos. Es decir, el ministro, a base de multas (nuestro cobre y nuestro estaño y nuestro petróleo), quiere conquistar una colaboración policial que roza la delación sistemática y el aplauso incondicional de las medidas extralegales que puedan usarse para reprimir toda contestación social. Se comenta solo.

Dicho sea de paso, la ciudadanía tiene derecho a saber si en el caso de Alfon, el muchacho de Vallecas encarcelado en régimen FIES-5, se han fabricado pruebas inculpatorias y se ha incumplido la ley en todo lo concerniente a su detención, manteniéndolo en prisión de manera abusiva aprovechándose de trámites burocráticos y de opacidades legales, algo propio de un sistema dictatorial en el que el ciudadano está por completo a merced de quien le somete con una apariencia de legalidad. Las acusaciones públicas han sido gravísimas y nadie parece haberse dado por enterado, salvo quienes han padecido, de una forma u otra, los hechos.

Lo que ha relatado el muchacho, una vez puesto en libertad, acerca de los detalles de su detención y encarcelamiento no deja lugar a dudas: si se lo proponen pueden hacer con nosotros lo que les venga en gana, sin que podamos, en la práctica, defendernos de manera eficaz. Algo que no es en absoluto nuevo, eso es lo malo, nada de todo esto es nuevo, viene de lejos. Solo ha cambiado el contexto, el escenario, la fecha del calendario.

Tratan, y lo consiguen, de convertir al agredido en agresor, al inocente en culpable, al saqueador del sistema que se aprovecha de las privatizaciones en capitán de empresa (Güemes y sus laboratorios de análisis), y en general los derechos de la ciudadanía en negocio de unos pocos: la salud, la justicia, la seguridad. Por no hablar de cómo ha quedado el asunto de la vivienda y de los puestos de trabajo. Se ve de lejos que tratan de enmascarar, con el resultado de unas elecciones, una ilimitada e incontrolable Carta de Marca, la que a los corsarios les permitía el ejercicio libre de la piratería.

Por si las noticias de la semana no fueran suficientemente malas, esta se cierra con otro gallardonada. El ministro de Justicia está considerando la posibilidad de regular la acción popular, en el sentido de excluir su ejercicio para asociaciones, sindicatos, partidos políticos y personas jurídicas públicas o privadas. Es decir, que la impunidad de su casta la tienen garantizada en la medida en que son esos colectivos organizados quienes han destapado y llevado adelante la mayoría de los casos de corrupción que de otra forma habrían permanecido ocultos o habrían sesteado en los tribunales, si es que hubiesen llegado a estos: Bankia, Can, los trajes del chuleta Camps, Novacaixagalicia... Mucho intervenir es eso para los ciudadanos. Hay que poner coto a esa posibilidad. El ciudadano no termitero, de lo contrario no sabemos dónde íbamos a parar... eso, no sabemos a dónde vamos a ir a parar.

No hace falta ser el difunto marqués de Araciel (el mago que nació en la plaza del Castillo) para adivinar que los próximos recortes o modificaciones de Ley de intención represiva van a caer del lado de la libertad de expresión, información y concordantes, y que les vendría muy bien una Ley Mordaza que impida la publicación de los documentos gráficos que prueben los abusos, las informaciones perjudiciales al sistema, so pretexto que pueden dañar una seguridad nacional de caricatura, o las opiniones sobre los estamentos que ya ejercen un poder abusivo considerando estas injuriosas, por principio y en la medida en que sean negativas. No en vano están persiguiendo por incitar a la violencia a gente que en Twitter ha publicado citas de Gramsci. Acabarán secuestrando Caperucita roja y condecorando con el mérito militar al dogma de la Inmaculada Concepción. ¿De verdad sabemos en qué manos estamos? No basta con decir que todo esto es propio de una gigantesca Casa de Orates. Hay algo más, algo perverso, que hace mirar a las urnas con auténtica prevención, con verdadero temor. Si acercáramos el oído a ellas como si fueran caracolas oiríamos el ruido de la botas. Tremendistas que somos. A la espera de la próxima.