La burla del DNI 14-Z

Yo no sé si la burla del DNI 14 de Cristina de Borbón es la última o la penúltima que se infringe a la ciudadanía, con absoluta falta de respeto a esta. Al margen de que no hace falta ser adivinador del porvenir para afirmar que habrá más, sí sé que la del DNI dichoso con sus fincas, sus notarios y sus haciendas ha sido tan de grueso calibre que ha dejado inerme al país, a esa parte del país que se encuentra ya baldado, arrugado y detesta a la monarquía de los Borbones, cuyo derribo es una prioridad política de primer orden. Solo así se entiende que la burla, la falta de respeto institucional, no haya sido contestada más que con sarcasmos, bromas, befas y rasgados de vestiduras ya harapientas de tanto uso inútil en escena, y no con acciones judiciales, ni con actuaciones de la fiscalía que calla y apoya al Gobierno y a los suyos, no al Estado, porque ni en este ni en otros casos actúa en nombre del pueblo, porque no estamos en una república, sino en el de una monarquía de befa y lo hace en nombre de la casta política que ejerce el poder de sometimiento, lo que en otros lugares se llama gobernar.

Los políticos que aplaudieron a Cristina de Borbón cuando esta acudió al funeral de su abuelo, aplaudían varias cosas; le querían decir que en el caso de su DNI 14 no había problema alguno, que le otorgaban la inocencia, que estaban con ella. Eso, al margen de aplaudirse a sí mismos, a su casta y a su esfuerzo por mantenerse en el poder; tanto el PP como el PSOE. Es decir, que el intento institucional de fraude a la magistratura, la elaboración de un falso informe que diera cobertura a las ganancias de la infanta obtenidas en otro orden de trapisondas y mejunjes financieros, estaban, de entrada, absueltos, más que absueltos, aplaudidos. Detrás de esto hay toda una operación política, judicial y mediática de salvaguarda de la monarquía de los Borbones como emblema de un régimen detestable y de un sistema que beneficia a una casta y solo a esta.

Poco importa que un funcionario de la sede central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se negara a validar el informe que atribuía al DNI 14-Z, el de la infanta, la venta de 13 fincas que justificaban su incremento patrimonial y daban cobertura a una parte de la fortuna conseguida junto al Urdangarin. No importa que se negara porque la propia directora de la agencia en la que se urdió el error, es la que firmó el citado informe falso que ahora ha sido descubierto sin mayores consecuencias. Imagino que a esta proba funcionaria en lugar de procesarla, la ascenderán o le darán algo de Isabel la Católica o de alguna, cruz y banda pensionada. Raras veces el Estado es del todo ingrato para quienes colaboran en sus cloacas, y estas lo son. Esto ha sido un error, por decreto, un error y la culpa la tenemos todos. Y a callar. O nos mandan al fiscal o a los antidisturbios. ¿Pero es que no somos capaces de ver el alcance del abuso?

Está visto que España no es ni Grecia ni Turquía ni Brasil ni Italia siquiera, y no porque las condiciones no sean las mismas o parecidas, sino porque -a propósito, ¿cuáles son a día de hoy nuestras condiciones?- hemos ido cayendo poco a poco en el abatimiento, en el derrotismo, en el marear la perdiz, en los pasos en falso y en más de lo mismo. ¿Es verdad que estamos a favor de la ruptura institucional o no? Podemos salir a la calle, pero de manera testimonial, no nos engañemos, por mucho que salgamos y por mucho ruido que hagamos. Cuando regresamos a nuestras casas las cosas siguen como estaban, en su sitio, sino peor, y nadie ha sido en el fondo inquietado de manera seria.

Los partidos actuales que ocupan la Cámara aspiran a perpetuarse en el poder con pactos que a ellos les blindan y perjudican al común de los ciudadanos no ya indignados, sino seriamente perjudicados que se van a ver además de no representados, silenciados. No hay voluntad de cambio ni mucho menos de ruptura, ni con el pasado ni con el presente.

Bien está que el PSOE andaluz apunte a la derogación de la Ley de Amnistía, una amnistía que benefició sobre todo a quienes no salían a la calle a pedirla, a quienes no la pidieron porque no la necesitaban; estos solo necesitaban, llegado el caso, cubrirse las espaldas ante la remota posibilidad de tener que responder ante los tribunales de los crímenes cometidos desde el 18 de julio de 1936. Aquella no era un ley de reconciliación nacional porque ni la hubo ni la ha habido, sino un pacto de vencedores a vencidos, una transacción más que una transición. Una transacción poco equitativa y más gravosa para una parte que para la otra.

Vargas Llosa regresa de Inglaterra recomendando contra la crisis la lectura de los clásicos, y lo hace con tres libros de la picaresca española, entre ellos el Guzmán de Alfarache, cuya mayor y más emocionante lección es largarse de aquí, aunque sea de viejo, a morir con dignidad en otra parte. Extraña picaresca la nuestra que ha invertido los términos. Ya no son los pobres los que la practican, sino los ricos, los poderosos, los gobernantes, esos a los que Vargas Llosa aplaude sin recato, por ideología y sobre todo por dinero. Los pícaros no son los que sobreviven, son los que viven a costa de los que se han visto reducidos a vivir con el agua al cuello. Quienes engañan, mienten, abusan y se aprovechan de las instituciones son los poderosos, tan corruptos o más que en tiempos del Guzmán de Alfarache o de La Pícara Justina. ¿Qué partido tomar? Indudablemente, el del pícaro de a pie, el del cuchillo del Viva mi dueño, el del apaleado y descorazonado frente al banquero que sale de la cárcel o al que no entra porque la casta gobernante, que es la suya, y con la que está el escritor, le protege y le aplaude porque es uno de los suyos.

Sea o deje de ser un error por decreto, haya intervenido en ello una mayor o menor cantidad de mala fe o de dolo desde el poder, el 14-Z ha pasado a ser un episodio más del ya copioso muestrario de la Marca España, la de la desvergüenza, y ahí quedará.