Noche inolvidable. Tensa. Dramática. La radio privada estrenaba (1977) su acceso a la información general, patrimonio hasta entonces de la radio oficial y sus “partes” de obligada difusión. En aquel tiempo de estreno, los medios locales disponíamos de escasos fundamentos profesionales, técnicos y asistenciales. Me encontraba al micrófono durante la media hora del informativo de noche. Solos el técnico y yo. Durante una breve publicidad, me pasó una llamada telefónica. Tenía que ser importante, no era momento para atender el teléfono. Un colaborador ocasional -inquieto estudiante de Periodismo- me llamaba desde el Hospital para comunicarme la existencia de una persona muerta. Sin identidad, sin parte médico ni causa conocida del óbito. Parecía tratarse de un episodio mortal en la represión de una manifestación Pro-Amnistía. Imposible confirmarlo en caliente a falta de portavoces oficiales y del acceso a teletipos (no teníamos). Tampoco había más personal presente en la emisora ni existía la agilidad de los móviles ni la fuente torrencial de Internet. Opté por dar la noticia, con la razonable prudencia y cautela. Angustia. Escalofrío. A los pocos minutos, una manifestación numerosa vociferaba en la calle la denuncia de esa víctima mortal. El muerto carecía de documentación. Un cierto parecido físico construyó el rumor de que se trataba del dirigente sindical navarro José María Solchaga, de CCOO. Tuvo que comparecer para desmentirlo. Fui a Comisaría. Un corrillo de “secretas” atribuía excitado a los (epíteto insultante) periodistas la desaparición del casquillo. La bala que mató a José Luis Cano salió de arma policial reglamentaria mientras era aporreado y pateado. El exalcalde de Ansoáin Alfredo García, testigo del caso, lo ha recordado en el Parlamento. Cano y otras víctimas olvidadas -ni reconocidas ni reparadas- no pueden recuperar la vida. Aunque tarde, las instituciones pueden restaurar su dignidad como víctimas. Deben.
