Seguridad Nacional

tras haber hecho de la privada un negocio mayúsculo, ambicionado hasta por el pequeño Nicolás, ahora han descubierto la «Seguridad Nacional» como oferta del mercado de miserias y delirios en que Rajoy y los suyos han convertido el país.

La seguridad nacional a la que se refieren no es que sea solo un negocio, sino que para ellos es una empresa mayúscula, en la medida en que les produce beneficios inmediatos, como es el apoyo incondicional de un sector de la población sensible a los grandes temores y a las adhesiones religiosas. Y es que su seguridad nacional es una entelequia que aparece como por arte de magia en periodo electoral, es decir, en periodo de miedo expandido, de agitación de fantasmas que arrastran una clientela segura: el terrorismo.

En cambio, la seguridad nacional, tal y como esta gente la entiende, es una amenaza real a nuestra seguridad privada, de ciudadanos particulares, y a nuestras libertades civiles más elementales.

La arbitrariedad de la citación policial y posterior libertad con cargos de miembros de Herrira, a los que se les acusa de todo y de nada, es el mejor anuncio de lo que pretende la derecha española encarnada en el Partido Popular y adheridos, presentes y futuros. La regeneración democrática pasa por echarlos y por derogar todo su sistema legal, de lo contrario no habremos avanzado nada.

Basta asomarse a la reforma del Código Penal para darse cuenta de la mayúscula arbitrariedad que quieren institucionalizar: una niebla de vaguedades e imprecisiones, con la consiguiente inseguridad jurídica, que se ven acogidas en un aparato legal de inspiración sectaria. Las que pretende el Partido Popular con su Código Penal, su ley de Seguridad Ciudadana y su concordante ley de la Matonería, no son reformas necesarias, sino ideológicas, tendentes a reforzar un Estado en extremo autoritario, violento, y a revestir con el disfraz de la legalidad a ultranza un serio recortes de las libertades civiles.

Es absolutamente dolosa la pretensión sectaria del Gobierno de transformar los evidentes conflictos sociales de un país en franco deterioro, en conflictos de orden público primero y de seguridad nacional después. No hay derecho.

La innecesaria y desproporcionada operación contra abogados de los presos de ETA se enmarca en una «visión expansiva del terrorismo» tal y como señaló el jurista Jaume Asens en un valiente artículo publicado días pasados en el diario Público: «Je suis Basque».

A mi modo de ver esa visión expansiva alcanza desde luego a la disidencia y de aquí a nada va a convertir la libertad de conciencia en el terreno prioritario del adoctrinamiento estatal: se puede pensar y expresar lo que el Estado decida, amparado en leyes de interpretación arbitraria. No están solos, la suya es una peste de fácil contagio que se expande por Europa en alas del miedo inducido y de la «bienpensancia» como valor supremo.

¿Injurias a España? ¿Y eso qué es? ¿Decir, a la Pepe Rubianes, que te da asco tener la nacionalidad española? ¿Hacer intocable una palabra? ¿Convertir un sentimiento de repulsión en blasfemia y en delito? ¿Pensar y no poder decir? ¿Sacralizar lo intangible y lo común?

Resulta preocupante que un magistrado se embarque en una operación mediática de estrictos beneficios gubernamentales y sectarios, porque esa operación solo beneficia a un partido, el Popular, del que el juez fue cargo, que para su campaña electoral de dudosa limpieza, agita el fantasma del terrorismo.

La requisa del producto conseguido en la cuestación popular de hace una semana en las calles de Bilbao debería explicarla el juez Velasco para que el público no piense que se trata solo de un abuso más en la medida en que esa cuestación ni estaba prohibida administrativa o policialmente, ni creo que entre (puedo equivocarme) dentro del articulado del Código Penal en vigor, aunque sí lo haga dentro de una política de represión más propia de un estado de excepción permanente.