Desfachatez

El ministro Fernández dijo que estudiaba, es decir que amenazaba, con demandar (con pólvora del Rey) por injurias a quien le ha denunciado (el PSOE) por prevaricación en el caso de su acogida ministerial al repulsivo Rodrigo Rato, alguien que trata por todos los medios de no ser juzgado por los gravísimos hechos delictivos que se le imputan. Hay que ir a por el denunciante. Esa es la consecuencia de la voluntad de amordazar a la ciudadanía. Así, la mujer que se atrevió a denunciar una infracción flagrante de la policía y que ha sido multada con 800 euros. Eso es un abuso y quien dicta la resolución de la multa lo sabe.

Una justicia al revés: quien multa es quien debería ser multado por infractor; algo que demuestra que el ciudadano está en situación de completa indefensión frente a la policía, y debe ser consciente de esto. Esta perversión legal hay que atribuírsela a Fernández Díaz.

¿Ya son conscientes del encono social que están creando? Creo que sí. Es imposible verlos como tus conciudadanos cuando son tus enemigos. ¿Y quienes les votan a sabiendas de que son unos maleantes? Aquí no hay otro engrudo social que la fuerza, y empiezo a temer que los cambios no pasan por la anulación de algo que es, más que político, una concepción de la vida social, ni tampoco pasan por el apoyo real y efectivo de las víctimas del sistema.

Compareció el ministro para explicar lo inexplicable, y soltó una pavorosa ristra de sandeces y desvergüenzas impropias de un cargo como el suyo en cualquier otro país europeo no aplastado por una corrupción política generalizada. No cabía esperar otra cosa en alguien que nos tiene acostumbrados -muertes de Ceuta-, a patrañas y a alardes de mala fe en sus comparecencias públicas.

¿Son amenazas las burlas o los comentarios airados que suscita la falta de decoro de Rato? Cómo llamar entonces a la exhibición obscena de sus riquezas, el alarde de su situación de privilegio. ¿Dónde están las pruebas fehacientes de las amenazas? Lo que constituye un insulto a la ciudadanía y a la decencia pública es echar mano de supuestas amenazas cuando hemos asistido a la dejación policial en los casos de sus adversarios políticos: Pilar Manjón (que ha padecido auténticas vilezas), Ada Colau, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Zaida Cantera... y la doctora que acusa al comisario Villarejo de agresión grave y a la que se le niega protección policial. No se conoce que la policía o Interior hayan actuado en estos casos jamás. ¿Pero qué pasa en este país?

Pruebe usted a insultar desde las redes a un uniformado y verá lo que es bueno. Lo mismo por lo que se refiere a alguien a quien encubra y proteja el delegado de gobierno de turno. Ahora, si los acosados, insultados o amenazados son los adversarios políticos del Gobierno, entonces todo está permitido. Esta y no otra es la concepción de la justicia y de la recta política del Partido Popular.

¿Es el colmo? No, uno más, uno de tantos.

Fernández no hizo sino recibir a uno de sus iguales caído en desgracia, es decir a uno de los de su camada ideológica; sus adversarios políticos, por mucho que hayan padecido amenazas, injurias, acoso, campañas de desprestigio, pueden esperar sentados... Este es el país de las dos medidas, de la justicia al servicio del poder político y este al de la Iglesia, algo que es mutuo.

Fernández Díaz es el representante de una tendencia venenosa como es la de volver a ayuntar religión, católica por supuesto, y poder político, arrebatar a la ciudadanía su derecho a decidir en todas las materias que sean susceptibles de ser legisladas, sin excepción, algo que choca con la voluntad de la Iglesia de tener el poder absoluto en esas materias. Usan la democracia para sus fines y cuando esta no les resulta del todo útil, la coartan: ahí está la ley mordaza y su Código Penal.

Otrosi digo: ¿prevarica un funcionario que multa de manera abusiva por participar en una manifestación vecinal contra un escrache no permitido protagonizado por el arzobispo y hace la vista gorda cuando es testigo directo y consentidor por omisión de insultos y amenazas graves a la presidenta de un Parlamento? Me lo pregunto, sin más. El Gobierno tiene servicios jurídicos suficientes y el Parlamento también, amén de mecanismos políticos, como es la muy merecida declaración de persona non grata, así que allá ellos. Si no actúan, no seré yo quien juegue a escandalizarse. Malum signum.