Lo escribí hace años -cuando le tocó al gobierno de UPN- y lo seguiré haciendo: que los políticos (altos cargos, parlamentarios, etc, etc) tengan que por obligación ver publicado ante todos los ojos en qué consiste su patrimonio privado es mucho más chismorreo, cotilleo y espectáculo que transparencia. Que estas declaraciones de situación patrimonial al llegar a un lugar en el que se gestiona mucho dinero se entreguen a una autoridad que las revise y pasado el tiempo coteje y si ve algo extraño disponga de los cauces necesarios para investigar posibles ilegalidades es completamente necesario. Que yo tenga que saber qué dinero tienen en cuentas, bonos, planes, cuantas casas o coches es, lisa y llanamente, una sección del Pronto. No veo por qué y ni a causa de qué estupidez general se cruzó la línea de no considerar a los políticos personas con los mismos derechos de privacidad que el resto de la población como para que se tengan que ver obligados a exponerse delante de todos y, además, no veo qué beneficio, tranquilidad, confianza o desconfianza genera o deja de generar esta práctica exhibicionista. Quien no pueda ver a un determinado político le va a criticar si tiene mucho patrimonio si lo tiene, si no lo tiene le va a poner a caldo por habiendo tenido sueldos altos habérselo gastado -o va a declamar en alto que miente flagrantemente y que oculta-, siempre se va a encontrar una réplica una vez visto lo que declaran tener, por no hablar de que los ciudadanos en general siempre van a creer que el político tiene maneras de esconder ingresos y patrimonio a las que no tenemos acceso los demás. No nos fiamos de los políticos, porque tampoco nos fiamos de nosotros mismos en asuntos económicos, así, como sociedad. Y para volver a fiarse hacen falta décadas de buenas prácticas. Esto de que sea público no es una buena práctica. Es puro circo romano.