Linchamiento público

No entiendo cómo es posible que yo tenga derecho a saber qué dinero apostó un exdirectivo de Osasuna investigado junto con decenas de personas más por la desaparición de 2,4 millones de euros de las arcas rojillas, como tampoco entendí en su día qué derecho tenía a conocer el incremento patrimonial del exdirector de la Fundación, también investigado, o cualquier otra actividad económica que realicen los investigados hasta que no se demuestre fehacientemente que ese dinero provenía de Osasuna y que por tanto podía haber sido hurtado al club. Entendí que se detallaran gastos que llevó a cabo Patxi Izco a cargo de la tarjeta del club, porque oficialmente se aseguraba que no había sueldo presidencial de ninguna clase, pero esto no solo no lo entiendo sino que me parece indigno. De la profesión policial, de la profesión judicial y si me apuran de la periodística, aunque en estos casos un periodista solo puede publicar lo que un funcionario público le cuenta, cuando debería estar callado. ¿Qué derecho tengo yo o ustedes, por fatal, mal o bien que nos caiga, a saber si un exdirectivo apostaba casi 10 veces diarias durante 2 años? Por mucho que los personajes implicados no cuenten con la simpatía de casi nadie, no hay que olvidar que judicialmente aún no se ha decidido nada, que la justicia aún no ha dicho quién ha hecho qué ni con el dinero de quién, a pesar de que la calle ya los ha juzgado a todos con antelación. La Justicia no hace ningún bien filtrando o publicando asuntos que mientras no se demuestre lo contrario son perfectamente privados y que en el caso del exdirectivo encajan con una patología o adicción seria. No es cuestión de defender a nadie, es cuestión de atacarle cuando estén las cosas demostradas, no antes. Al menos en este caso, la Justicia ha hecho más de momento por apedrear en plaza pública a algunos investigados que por la verdad.