los errores se pagan. En política, con la dimisión. Más noble, si es voluntaria e inmediata que remolona y forzada. Sobre todo si se llega a las instituciones desde una máxima exigencia de pulcritud y transparencia en la gestión. Hay que ser todavía más resistente a la prueba del algodón. El desconocimiento del reglamento no es “un error”, sino, al menos, una dejadez imperdonable. No es bisoñez sino desidia y desprecio a la norma. Tampoco se arregla con la denuncia de casos similares. Cada uno es responsable del suyo y de su reacción. La dimisión sublima la petición de perdón y la expresión de contrición. Laura Berro, concejala de Aranzadi, delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Pamplona, respaldó con su voto una adjudicación en concurso público a Yoar, experimentada asociación juvenil sin ánimo de lucro que trabaja en la prevención de la exclusión en la infancia. Su hermana es la presidenta y tendría que haberse inhibido en el procedimiento. De manual básico. Pero votó a favor y se ha sabido. Ella niega la intención de influir y la unanimidad en el acuerdo anula valor determinante a su voto. UPN y PSN exigieron su dimisión. No prosperó. Los socios cuatripartitos abrieron las compuertas de la censura inevitable, pero sin tensar la situación: de la severidad retórica del alcalde Asiron, al reproche comprensivo de los otros grupos. La decisión corporativista y protectora de los agentes del cambio le pareció a Berro “razonable” y “sabia”. Hasta se creció para acusar a la oposición de “ataque a las políticas del cambio” y, más en detalle, de “ataque en concreto a las asociaciones que trabajan por los derechos de las personas más perjudicadas por los recortes y la crisis”. Su hermana-presidenta ha pasado a cobrar media jornada laboral. “Posiblemente no encontrarían otra persona que pudiera trabajar ahí. Yo no puedo decir nada más”, ha respondido la concejala. La estética del pago no ayuda a la ética de Berro. La puntilla.
