Una representación del Colegio de Abogados de Pamplona ha propuesto al Parlamento de Navarra un "gran consenso" para reformar el Amejoramiento. Celso Galar y Alfredo Irujo, elegidos para representar al "diverso" colectivo de los juristas, han compartido con los grupos una serie de ideas y propuestas de cara a los trabajos que se llevan a cabo para alumbrar, presumiblemente, un nuevo texto.
La representación de los juristas ha planteado al Parlamento que algo fundamental es que la Cámara, en cuanto órgano más importante, tenga capacidad para iniciar reformas del Amejoramiento (y no solo el Gobierno, como ahora); que Navarra tiene que ser capaz de aprovechar más las competencias que ya tiene reconocidas, y no centrar el debate en la reclamación de más competencias que, si no se desarrollan, pueden llevar a la frustración; que Navarra tiene que definir mejor la relación con otros territorios vecinos; o que según su criterio, no es tan importante que la ciudadanía ratifique en referéndum la próxima reforma.
Irujo, que ha sido durante varios años presidente del Consejo de Navarra, ha abogado también por reforzar los mecanismos de contrapeso político (como son la Cámara de Comptos, el Consejo de Navarra o el Defensor del Pueblo), y ha dicho que una forma de reforzar su independencia es apostar por un sistema de elección basado exclusivamente en el mérito y el reconocido prestigio, y no en las cuotas. "Alcanzar un consenso no significa que cada partido puede perfilar a un profesional que le es más o menos cercano", ha dicho.
En segundo lugar, ha dicho que no cree esencial que se haga un referéndum, en parte porque no ve que la reforma del Amejoramiento sea "una prioridad de la ciudadanía", probablemente más preocupada "en el empleo, la vivienda o la seguridad". Un referéndum, a su juicio, puede tener muy baja participación, lo que sería un "chasco".
Galar, por su parte, ha situado la reforma dentro de los límites de lo que es un estatuto de autonomía: una norma a seguir. No debe ser, a su juicio, ni un texto político ni una declaración de intenciones. Existe un cierto debate jurídico sobre si los textos deben incluir aspiraciones más allá de la ley, como la de querer contribuir a la felicidad de los ciudadanos y otras fórmulas similares. Galar dice que cree que debe primar la eficacia por encima de cualquier reflexión. Además, un estatuto no puede fijar derechos subjetivos, sino que en todo caso servirá como principio rector.
Autonomía fiscal y alineamiento con el Estado
El jurista tampoco está de acuerdo con la posibilidad de introducir "listas de derechos", algo que sí tienen otros estatutos de autonomía. Galar dice que esas listas, contra lo que pueda parecer, si algo hacen son limitar derechos, pues una redacción muy cerrada puede hacernos pensar que todo lo que no se detalla está fuera, cuando no es así. Galar ha precisado que la redacción actual del Amejoramiento ya es suficientemente amplia como para permitir reclamar más competencias. Y ha dicho que si Navarra ha podido invocar derechos históricos desde la Ley Paccionada de 1841, ha sido precisamente porque la redacción nunca ha sido muy cerrada.
Además, a su juicio, puede producir cierta "frustración" tener más competencias y no poder ejercerlas. Ha puesto como ejemplo que Navarra tiene, todavía, cierto margen en materia tributaria.
En el último turno de palabra, Irujo ha retomado este tema para decir que esa autonomía fiscal debe ser más nítida, porque desde la aprobación del Amejoramiento la política fiscal navarra ha ido paulatinamente alineándose con la del Estado, cuando no debería ser así.
Por último, ambos han coincidido en la necesidad de que cualquier reforma tenga "consensos amplios". "No puede someterse a la ciudadanía a cambios o vaivenes en función de las mayorías políticas, sino que la redacción del Amejoramiento debe permanecer".
