Hoy hace un mes participé como conductor en un encuentro entre dos víctimas del terrorismo, convocadas por el Parlamento de Navarra y el Foro Social Permanente bajo el epígrafe Hitzorduak: construyendo la convivencia en Navarra: Iñaki García Arrizabalaga y Lourdes Zabalza. El padre de Iñaki fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas; un hermano de Lourdes fue rescatado muerto del río Bidasoa tras haber permanecido detenido por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. El caso García está próximo a prescribir, sin culpables; el de Zabalza, archivado sin esclarecimiento. Es más, Mikel Zabalza ni siquiera tiene reconocida la calificación de víctima del terrorismo. El encuentro se produjo en el Salón de Plenos del Parlamento; o sea, en estancia noble de una institución. Les pregunté por su confianza en las instituciones políticas tras más de treinta años de experiencia como víctimas. Algo empieza a cambiar, aunque el Gobierno central recurra al Constitucional iniciativas legislativas periféricas, resaltaron. En los años 80, “ni Dios” (Iñaki) se acercó a ellos. La familia Zabalza tuvo el único apoyo del Ayuntamiento de Orbaizeta, su pueblo. En fechas mucho más recientes, la Delegación del Gobierno en Navarra tuvo que rectificar la atribución a Zabalza de militancia en ETA (Su silueta en una pintada de denuncia de tortura era el soporte legal para exigir el borrado). Aclaración oficial, pero ninguna disculpa expresa ante la familia. La Delegación tampoco responde a las demandas de información reclamadas por instituciones políticas y organizaciones sociales sobre la muerte en dependencias policiales de un ciudadano senegalés. Carmen Alba huye del Parlamento foral como del toro en el callejón: despavorida. Se refugia en el burladero de la falta de obligación. Ni muestra cortesía con los allegados de las víctimas ni presenta excusas personales por errores confesos. Mancilla el cargo. Autoridad insensible.
