El Cuerpo de Policías de Carreteras de Navarra (los motoristas de Diputación) fue creado en 1928. Los primeros guardias civiles de Tráfico llegaron a Navarra en 1960. Aquellos policías de carreteras asumieron las competencias de los camineros encargados de la conservación y policía de las carreteras por ordenanza de 1843, después de que Navarra pasara de Reino a provincia mediante la Ley Paccionada de 1841. La Guardia Civil de Tráfico se incorporó por decisión del régimen de Franco. La Diputación protestó por el contrafuero. Solo se logró compartir el servicio. La competencia sancionadora había pasado en 1959 a los gobernadores civiles. El importe de las multas lo recauda la Dirección General de Tráfico estatal, salvo las sanciones impuestas en vías urbanas por infracciones al reglamento general de circulación, que cobran los Ayuntamientos. Navarra deja de ingresar unos 12 millones de euros anuales. El Cuerpo de Policías de Carreteras fue el embrión de la Policía Foral, que “podrá ampliar los fines y servicios” (Amejoramiento del Fuero). El presidente Sánchez y la lehendakari Barkos acordaron “acometer de forma definitiva la transferencia de tráfico y seguridad vial”. Revuelo. De los agentes afectados y de la oposición de derechas. En intentos anteriores, la transferencia se negaba por la lucha antiterrorista. Los controles de carretera con esa finalidad, incompatibles con la reintegración a Navarra de las competencias exclusivas de tráfico y seguridad vial. UPN agachaba las orejas sin mayor convencimiento en la defensa del autogobierno. El tic habitual. Ahora se argumenta el deseo nacionalista vasco de la expulsión progresiva de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno matiza que la “gestión” puede ser transferida, pero que la “ejecución” puede seguir compartida. Afirma rotundo: de que los efectivos de tráfico vayan a dejar de hacer su trabajo, “todavía no hay absolutamente nada”. Diagnóstico. Y quizá, augurio.
