leo que Osasuna quiere conocer si el nuevo Gobierno que hipotéticamente se va a formar en Madrid va a regular otro escenario en relación a la publicidad de las casas de apuestas antes de abordar con su sponsor -una casa de apuestas- la continuidad o no del contrato que firmaron en su día y que concluye en 2021. Bueno, imagino que es entendible que si va a haber legislación de rango nacional que impida determinadas cuestiones a Osasuna le puede ser menos costoso económica y jurídicamente dar por roto un contrato. Eso es comprensible. No lo es, ni mucho menos, que en este asunto el club haya ido tan a remolque de la sociedad, de sus propios socios, de los aficionados e incluso de determinados partidos políticos, tradicionalmente nada dados a interponerse en mitad del sacrosanto libre mercado. Navarra, Pamplona y varias localidades grandes más ya han puesto -con unanimidad política- puertas a este campo, con moratorias, suspensiones temporales de licencias y demás estrategias, mientras el principal club deportivo de la comunidad sigue acobardado en una esquinita, sin saber muy bien -o sin querer explicar- qué supone coger el contrato y darlo por finalizado. En la última Asamblea, sorprendió -por friki- que Sabalza dijera que no existía una cuantificación económica en caso de rescisión de contrato, algo a la orden del día, lo que implica que si no se ponen de acuerdo con el patrocinador en la cifra lo mismo pueden acabar en el Juzgado. Sorprendente. El caso es que todo este tema de las apuestas se le fue de madre al fútbol profesional y al propio CSD, permitiendo barbaridades que nunca debieron tener lugar, y ahora está salpicado hasta el apuntador. El nivel de presión es tal que un jugador del Racing se manifestó en contra de estos establecimientos en Twitter y tuvo que retirar todos sus tuits se supone que por presiones. Osasuna ahí sigue: a ver qué hacen los demás.
