Muchas son las infamias que nos toca padecer del Gobierno infame que padecemos, y especialmente ruines son las que demuestran su falta de humanidad -desde los desahucios al maltrato a los inmigrantes en la valla de Melilla, pasando por negarse a abrir comedores escolares en Navidades, (“El principal riesgo de malnutrición de los niños madrileños es la obesidad”, rebuznó Ignacio González, y es significativo que nadie de su partido le haya dado una colleja por soltar semejante disparate)-.

Pero hay una iniquidad concreta que nos parece un salto cualitativo: negarle la medicación a la mayor parte de enfermos de hepatitis C. No lo dicen explícitamente, pero dejan patente que es un motivo económico: unos 25.000 euros cuesta el tratamiento y unos 800.000 son los afectados, por lo que hablamos de unos 20.000 millones de euros.

Desde que existe en España la Seguridad Social (que por algo se llama así) es la primera vez en la que se deja morir a la gente por una enfermedad que tiene cura, gente que (suponemos) paga sus impuestos y vive en un país que -como todos los de su entorno- se precia de proteger -de forma gratuita y con la máxima calidad posible- el derecho a la vida de sus ciudadanos. Como si viviéramos en el Tercer Mundo o, aún peor, en Estados Unidos.

A los enfermos de hepatitis C les está fallando su Estado e incluso se puede decir que les estamos fallando el resto de ciudadanos, por no montar entre todos un follón de mil demonios para que la Administración saque ese dinero de donde haga falta.

Y el que no quiera hacerlo por solidaridad, que lo haga por egoísmo: en el momento en el que se siente el precedente de que hay enfermedades demasiado caras para curarlas se abrirán las puertas para nuevas excepciones. Que, por supuesto, es lo que están deseando esos políticos que propugnan seguros y hospitales privados, porque con la sanidad pública ni se forran ellos ni se forran sus amiguitos.