tras la cresta de indignación ciudadana después de que la pasada semana el precio de la electricidad en el mercado mayorista aumentase un 80% desde el inicio del año, el Gobierno del PP confía en que el enojo en la calle vaya difuminándose como consecuencia de la moderación del recibo por variables meteorológicas. Desde la defensa artera de su posición alegando que ya ha adoptado medidas técnicas para dotar de mayor transparencia al gas, con el argumento de que las centrales que queman este combustible para generar luz son aquéllas que determinan el precio en momentos de máxima demanda o cuando se reduce la oferta de fuentes renovables. Un ardid que debe denunciarse, en tanto que lo que se demanda al Ministerio de Energía es que adopte iniciativas estructurales para procurar, desde el dislate que supone que el precio esté desvinculado de los costes de producción, una competencia real y permanente en el sector, tanto en el mercado regulado regido por subastas -el sujeto a estas fluctuaciones escandalosas- como en el libre, donde el importe se fija por contrato. Esa actitud proactiva debe contemplar necesariamente la revisión de los impuestos que encarecen la electricidad, particularmente el 21% de IVA, incluida la erradicación del peaje al sol que grava el autoconsumo en beneficio de las grandes compañías. También porque, una vez que la tecnología se ha abaratado de manera relevante, resulta imprescindible volver a potenciar las energías limpias en un territorio abundante en viento, agua y sol, sacándolas del recibo de la luz para por ejemplo financiarlas con recargos a las fuentes sucias. En definitiva, se trata de que el Ejecutivo central establezca los mecanismos oportunos para impedir toda posibilidad de que medie puntualmente un incremento artificial de precios pero también para socavar el oligopolio fáctico vigente. Habida cuenta del poder de los consorcios eléctricos, favorecido por las puertas giratorias en beneficio de los partidos mayoritarios, nada de eso será posible sin que los consumidores constituyan un verdadero frente de presión sostenida sobre este Gobierno en minoría y por ello sobre la oposición parlamentaria. Sirva como paradigma la investigación de la Fiscalía ante la irritación social, unas diligencias de oficio que no tienen más precedente que las que el Ministerio Público abrió en 2011 en materia hipotecaria.