“Comparto habitación, 300 euros (COMO LO OYEN), tengo mala salud y una minusvalía del 45%. ¿Habrá piso para mí?”. “Matrimonio con cuatro hijas comparten una habitación de 10 m2”. “Hace tres años consiguieron una dación en pago y un alquiler social, ahora me suben de 200 a 560 euros. ¿Qué hago con el fondo buitre Anticipa?”. Son algunos de los casos que se escucharon el jueves en la sala de usos múltiples de la calle Calderería en un interesante debate impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La vivienda ha pasado de ser un negocio a ser un “derecho”. Se ha hecho mucho. En este mandato se han promovido (la obra requiere tiempo...) más de 500 viviendas de alquiler social, se han potenciado las ayudas al alquiler (13.000 personas) y la bolsa pública (668 pisos) y se han multiplicado por tres las ayudas a la rehabilitaciáón. Y, sin embargo, el problema de la emergencia habitacional exige todavía más. A partir de la crisis en Navarra se produjeron 5.200 desahucios, y el goteo continúa por el problema del alquiler. Hace falta más vivienda pública, mayor firmeza con la vivienda vacía (sobre todo de bancos y sociedades), medidas legales para poner tope a la burbuja de los alquileres, más recursos contra el hacinamiento.... El Plan Foral de Vivienda 2018-2028 estima que hacen falta 10.000 viviendas en los próximos años. Entre otras medidas, la PAH pedía este jueves la construcción de 1.000 viviendas para el próximo mandato y otras tantas el siguiente, y la compra de vivienda a entidades financieras para evitar que caigan en manos de los fondos buitre... Habrá que ver hasta dónde puede llegar Navarra en un mercado por otro lado más contaminado. Sociedades inmobiliarias (Somincis) han adquirido muchas viviendas y negocian la subida escalonada de los alquileres y, a su vez, los fondos buitres (compran viviendas y créditos fallidos) están devorando los inmuebles de los bancos en todos los procesos de desahucio y se dedican a vender más caro y a subir los alquileres en cuanto pueden. El próximo domingo los votantes podrán decidir quién les garantiza una política de vivienda más justa, moderna y eficiente. Y mano dura contra especuladores.