La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) celebró el sábado el Día de la Memoria bajo el denominador común de la necesidad de reconocimiento y cercanía a las víctimas pero manteniéndose el clima de división que viene teniendo lugar en los últimos años, debido a la diferenciación que desde algunas instancias quiere hacerse entre tipos de víctimas. Así, por ejemplo, el Centro Memorial por las víctimas del terrorismo organizó un acto en Vitoria-Gasteiz un día antes -el viernes- para no coincidir con el encuentro celebrado por el Gobierno Vasco. Cita esta última a la que no asistió el PP, que convocó su propio acto, en el que volvió a acusar al Ejecutivo vasco de “blanquear” la historia de ETA, a cuenta de la unidad didáctica Herenegun, todavía en fase de aportaciones y que se quiere llevar a las aulas con el objetivo de favorecer en el alumnado una memoria crítica. Este material ha recibido duras críticas dado que se aborda el terrorismo y la violencia padecidas de una manera integral, teniendo en cuenta, analizando y contextualizando todos los hechos violentos y todas las víctimas de los últimos años. Eso no quiere decir que se mezclen y equiparen violencias muy distintas y terrorismos de diferente signo y con desiguales motivaciones ideológicas o políticas y modos de actuar ni a sus víctimas, incomparables también en número. Y aquí no cabe duda de que ETA ha sido el principal perpetrador de asesinatos, secuestros, amenazas y persecuciones. Pero hubo más. Que no se deben ocultar y sus víctimas merecen también pleno reconocimiento y reparación. Resulta paradójico que se realicen críticas a supuestos “blanqueamientos” de ETA en Herenegun, cuando la unidad didáctica ya en marcha en escuelas del Estado bajo el auspicio del Gobierno español y el Centro Memorial obvia casi por completo los asesinatos cometidos por los GAL -27 en total- y otros grupos. Bajo el argumento, además, de que el GAL “no es un terrorismo ideológico sino parapolicial”, con lo que, de manera incomprensible, se sitúa dentro de la “lucha antiterrorista”, aunque “ilegal”, y se desprecian las consecuencias políticas, sociales y éticas de su criminal actividad, así como a sus víctimas. Un sinsentido -este sí- que puede suponer una “falsa memoria”, o al menos incompleta y sesgada. Todo lo contrario a una memoria realmente crítica y deslegitimadora de la violencia.