ninguna sorpresa cabía en cuanto el mantenimiento de la libertad provisional de los cinco integrantes de la autodenominada Manada, ya que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra retrasó primero la vista solicitada por las acusaciones y después retardó su dictamen hasta el año nuevo. La palmaria evidencia de que la mayoría del tribunal seguía sin apreciar riesgo de fuga, así como tampoco de reiteración delictiva. Soslayando así el criterio del presidente, que en contra de la valoración de sus dos compañeros volvió a emitir un voto particular a favor del inmediato reingreso en prisión de los ya condenados por abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016. Desde la obligada observancia de las resoluciones judiciales, resulta notoriamente chocante que se enarbole de nuevo el argumento de que no han cambiado las circunstancias del caso después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificase la sentencia inicial manteniendo inalterados los hechos probados, lo que como mínimo aboca a un refrendo en el Supremo de los nueve años de cárcel decretados. Es decir, que los reos se enfrentan con verosimilitud al doble de prisión efectiva que los casi dos años cumplidos, un obvio acicate para la eventual fuga. Con el aditamento de que en la segunda instancia dos de los cinco magistrados emitieron un voto particular en demanda de endurecer la pena elevando el tipo al de agresión y además con los agravantes de intimidación particularmente degradante y actuación grupal, elementos que conllevan casi tres lustros de cárcel. En consecuencia, constituye un ejercicio voluntarista inferir que nada ha cambiado en cuanto a la situación procesal de La Manada, dos de cuyos integrantes han sido objeto de controversia por la solicitud de un pasaporte y por un hurto de gafas. Más cuando también se cierne sobre cuatro de ellos el procedimiento de Pozoblanco, asimismo con grabaciones absolutamente denigrantes para otra joven víctima de su consideración utilitarista del otro sexo. Así que La Manada anda suelta mientras la abrumadora mayoría ciudadana contiene su irritación a duras penas, a la espera de un cambio normativo para que no se vierta la carga de la prueba sobre la mujer. O en concreto sobre su capacidad de resistencia, sin que quepa atisbar ni un ápice de consentimiento que exonere a los agresores. Esto es, para que si no hay un sí expreso sea un no tácito a ojos también de juez.