Autogobierno para el cambio social. Tras una semana hablando de traidores y valedores del régimen foral, de sumas y restas electorales o de otros grandes temas grandilocuentes, el Gobierno central ha tomado una decisión que ha centrado la discusión acercándola a la ciudadanía con su recurso al Tribunal Constitucional por la Ley de Residuos. Lo de menos era el grosor de las bolsas o el plazo para eliminar el plástico. Lo sustancial es que, como ya sucediera con otras normas forales -y en esto no hay un gran diferencia entre socialistas y populares, porque de la frivolidad táctica de Ciudadanos mejor ni hablar-, el Estado hace una interpretación centralizadora de la Constitución. Y lo que es peor -y esto es lo importante-, acaba igualando por abajo. Es decir, como ya pasó con una larga serie de normas innovadoras y avanzadas (desahucios, alquileres, salud, cannabis...), no sólo de la Comunidad Foral sino de otras autonomías como Catalunya, la CAV, etc... se entiende la “igualdad” como un techo en lugar de como un suelo. Es decir, se antepone la Constitución a la sociedad, la norma a la ciudadanía. A las personas al fin y al cabo. Una visión de Estado en clave progresista, esa España que dicen querer, se traduciría en ver los avances en materias y derechos sociales en las autonomías como un acicate para extenderlos a todo el territorio. Y no al revés, como viene sucediendo. Tienen una costumbre de calificar de “privilegios” lo que son “derechos” y de confundir “igualdad” con “uniformidad” o “unidad”. Los partidos estatales suelen acusar a las fuerzas de la periferia de primar conceptos abstractos como “nación” a los intereses de las “personas” en su vida cotidiana. Realmente son estas mentalidades centralistas las que caen en esta visión nacionalista de la que, paradójicamente, acusan a las fuerzas alejadas de Madrid, donde se siguen decidiendo muchas cosas... Y es precisamente en esto donde deberían centrar sus esfuerzos pedagógicos los defensores del autogobierno. En un mundo, no sólo globalizado sino mediatizado por los poderes económicos, es labor del poder político preservar espacios para proteger los derechos sociales de su ciudadanía en solidaridad con el resto. Y está demostrado que esto se hace de forma más eficaz a medida que la escala va disminuyendo: de la gobernanza internacional a la estatal, de ésta a la regional y de ahí a la local. El reto electoral es llenar de contenido social la botella del autogobierno foral.