el proceso de investidura del socialista Sánchez se está volviendo una montaña rusa de sensaciones y preocupaciones. Comenzó lanzado al largo plazo, sin prisa aparente por concretar la constitución de un Gobierno salido de un escenario electoral fijado un 10 de noviembre. Pese a la velocidad del primer pacto de investidura rubricado con el abrazo del propio Sánchez e Iglesias en apenas unas horas tras el dictamen de los votantes, los tiempos políticos han estado definidos por los hitos judiciales en torno a los líderes del procés catalán. Nada, no obstante, imprevisible en la agenda de los responsables políticos encargados de cerrar la viabilidad de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con los avales externos necesarios y suficientes, que solo pueden ser de las fuerzas nacionalistas periféricas. Las urgencias que animaban a contar con una investidura antes de fin de año fueron en cierto modo más un estado de ánimo que una necesidad real. Nada exigía rubricar el proceso antes del nuevo año y nada obliga ahora a precipitar el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea relativa a la inmunidad de Junqueras. El margen de la Abogacía hasta el día 2 existe y no condiciona temporalmente más de lo que la propia evolución de la negociación entre el PSOE y los nacionalistas pueda retrasar. Esa semana más o menos para materializar la investidura de Sánchez carece de importancia en comparación con los objetivos de la legislatura. Ese es el aspecto que debería estar centrando el tiempo para que no sea perdido. Desde una perspectiva navarra, la legislatura debería servir para acometer al fin las transferencias pendientes y singularmente la de Tráfico, así como para acelerar las infraestructuras de interés para la Comunidad Foral, en particular las conexiones por carretera que tanto retraso acumulan. Todo en un marco de relación favorable por la previsible sintonía con un Ejecutivo a la navarra sustentado por PSOE y Unidas Podemos. Además, la necesaria reactivación de las políticas económicas en el Estado no resulta en absoluto ajena a la realidad foral, puesto que se trata del destino principal de la actividad productiva navarra. Las políticas energéticas son también prioritarias por la doble urgencia de la competitividad industrial y la sostenibilidad ambiental. Con tanto para qué, el cuándo es en efecto lo de menos.