lo primero que debe constatarse en lo que atañe a la huelga general desarrollada ayer por ELA, LAB, ESK, CNT, STEILAS, EHNE, Hiru y Etxalde en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra es la plena legitimidad de sus reivindicaciones, que como nexo común tienen la exigencia de una justa redistribución de la riqueza. De ahí que en lo concreto ayer se reclamase por ejemplo la reversión de los índices de pobreza, un combate más decidido contra la brecha salarial y la temporalidad como factores determinantes de la precariedad, así como la dignificación de las pensiones hasta los 1.080 euros. Demandas todas que obtuvieron un notable eco, con movilizaciones significativas pese al habitual baile de cifras entre los promotores de las manifestaciones y las instituciones que cuantifican la asistencia. Acreditadas tanto la sólida base ideológica de la huelga general como su notoria traslación a la calle, cabe sin embargo colegir que en lo concerniente a Navarra su repercusión resultó limitada en los centros de trabajo. Cierto que con mayor alcance en los sectores y las zonas con presencia importante de ELA y LAB, aunque en todo caso reducido en la gran industria, el comercio y los servicios. Y más allá del 8% de seguimiento entre el personal de la Administración foral, desde la premisa de que 6.746 empleados de los 28.151 totales estaban asignados a los servicios mínimos. Esa resonancia moderada en el ámbito laboral no puede obedecer a una parca motivación de la huelga, perfectamente fundamentada como se ha apuntado, por lo que cabe achacarla a una cuestión de oportunidad, en Navarra con un Gobierno de incuestionable impronta progresista -y ya con unos Presupuestos en tramitación con el respaldo de EH Bildu- que hace suyas la mayoría de las reivindicaciones de los sindicatos convocantes. A lo que añadir en el contexto estatal, para abundar en la tesis de la extemporaneidad de esta huelga general tras las ocho acontecidas durante la crisis, que ayer mismo se firmó en Madrid el incremento del salario mínimo interprofesional a 950 euros, un alza todavía mejorable pero que constituye un avance evidente. Desde la absoluta legitimidad de la huelga de ayer, al margen de su seguimiento desigual -masiva en Sakana, residual en la Ribera-, cabe también glosar la normalidad de la jornada y a la vez lamentar los incidentes esporádicos protagonizados por aquellos que siguen empeñados en cargar de razones a quienes desde la perspectiva laboral carecen de argumentos.