Treinta años y seis meses después

09.06.2020 | 01:28
Pasaporte de Ignacio Ellacuría

El juicio por el asesinato en 1989 en El Salvador de Ellacuría y sus compañeros, iniciado ayer en la AN, encausa a la dictadura salvadoreña, pero también retrata a la justicia española sobre la jurisdicción universal

con la celebración ayer en la Audiencia Nacional de la primera de las diez sesiones previstas hasta el próximo 16 de julio de la causa contra el excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador Inocente Orlando Montano y el teniente del Ejército salvadoreño René Yushsy Mendoza por el asesinato hace tres décadas, el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana (UCA) de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno –también del salvadoreño Joaquín López, de la empleada de la universidad Julia Elba y su hija, Celina Ramos– se inicia algo más que el largamente esperado juicio sobre aquellos hechos. El procesamiento de Montano, tras su extradición por EEUU en 2017, y de Mendoza, cuya admisión de los hechos fundamenta la acusación, dos de los 15 militares acusados y cuya entrega ha sido negada reiteradamente por El Salvador, pone en la balanza de la justicia los contrastes y contradicciones que en torno a la jurisdicción universal se dan todavía hoy, cuando el jueves se cumplen 23 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que reconocía (caso Bosnia-Herzegovina contra Yugoslavia) el derecho de los Estados a ejercerla sin límites temporales para la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y no es el menor de esos contrastes el hecho de que la Audiencia Nacional que juzga el asesinato del jesuita referente de la Teología de la Liberación y sus compañeros se inhibiera en noviembre de 2008 de la causa por los crímenes del franquismo y los remitiera a los juzgados territoriales –en más de medio centenar de ocasiones desde entonces han dado los delitos por prescritos– justo en vísperas de sendas reformas (2009 y especialmente la de 2014, impulsada por el PP) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaron la extensión y capacidad (art. 23.4) de la jurisdicción estatal para juzgar ese tipo de delitos. Ni es la menor de las contradicciones la actitud dilatoria y obstaculizadora de la justicia española –incluida la negativa en su día de la AN a extraditar a los exministros franquistas Utrera Molina y Martín Villa– en la causa abierta por los crímenes del franquismo por la jueza argentina Servini. Treinta años y seis meses después, el juicio por el asesinato de Ellacuría y sus compañeros no solo encausa a la dictadura salvadoreña.

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