Proteger a la infancia

10.06.2020 | 00:58
Un niño hace tarea en el ordenador.

El Gobierno aprobó el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia; la norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores

Las investigaciones practicadas por los cuerpos policiales que vigilan los delitos contra menores en internet han constatado que durante los meses de pandemia ha aumentado el material pedófilo que circula por las redes. Los pederastas aprovechan las horas que los más jóvenes pasan ante el ordenador para captar a sus víctimas, aprovechando también que muchas familias no prestan atención ni ponen filtros a lo que hacen hijos e hijas ante la pantalla. Por desconocimiento o por descuido, los más pequeños están expuestos a gente sin escrúpulos y a ser objeto de cualquier tipo de abusos. Estos delitos que se cometen en el espacio de internet vienen recogidos en el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia aprobado ayer por el Gobierno en el Consejo de Ministros. La futura norma perseguirá no solo las infracciones de índole sexual, sino también la incitación al suicidio o la promoción de trastornos alimentarios. Las organizaciones de defensa de la infancia estiman que uno de cada cinco menores sufren abusos o maltrato; es por ello que esta norma, largamente esperada, requiere una rápida tramitación y puesta en marcha. El Gobierno espera alcanzar además un amplio consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Uno de los capítulos más importantes tiene que ver con la prescripción de los delitos graves contra los menores; en la actualidad, el plazo comienza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después; en adelante, no empezará a computar hasta que la víctima cumpla los 30 años. Distintas asociaciones han pedido que el plazo empiece a contar a los 40 años. La ley pone también el acento en el marco de los centros escolares, espacio en el que se producen muchas de estas situaciones de abuso, acoso o maltrato. Y no es menos importante la invocación a la implicación de familias y personas cercanas a la hora de denunciar, incluso por obligación, los casos de violencia. Llama la atención, sin embargo, que el texto no recoja los abusos cometidos en el marco de la Iglesia o de instituciones religiosas, que acumulan denuncias en los últimos años y que han dejado una larga secuela de víctimas que piden castigos y reparación. Un aspecto a revisar, sobre todo para no dejar zonas de impunidad.