os indultos a los líderes independentistas catalanes condenados a prisión por el procés que, según confirmó ayer Pedro Sánchez, aprobará hoy el Consejo de Ministros no solucionan el conflicto político existente en Catalunya. Tampoco, a buen seguro, lo haría la amnistía que exige el independentismo. Sin embargo, esta medida era, dada la desproporción de los delitos imputados y de las penas impuestas por impulso político por parte el Tribunal Supremo, necesaria para aportar cordura en favor de la normalización y restablecer un entorno de conciliación para colocar a Catalunya en la vía del diálogo que nunca debió obviarse y construir, a partir de ahi, los consensos. Es, pues, necesario devolver a la política el protagonismo de crear mecanismos de resolución de conflictos que con los dirigentes del procés en la cárcel y el exilio se hacía imposible. La legitimidad está en la representatividad. El choque de legitimidades y el de representatividades no puede gestionarse solo mediante el uso de una legalidad determinada, sino mediante su adaptación en la base del reconocimiento de otras sensibilidades y proyectos políticos dentro de los principios democráticos respetuosos de derechos y libertades y con arreglo a la ley. Los indultos van más allá de lo simbólico, como justificó el presidente del Gobierno al afirmar que con ellos se suma "a millones y millones de personas para la convivencia". Son un mecanismo para restablecer el escenario previo al choque de trenes que se visualizó en el 1-O y también en la ofensiva judicial contra los líderes del procés. Hubo errores en el maltrato a la voluntad de los catalanes tratando de impedir su manifestación por la fuerza y la imposición desde el entramado político español usando las instituciones, como de manera vergonzante para el Estado español ha señalado en su informe el Consejo de Europa. Y hubo errores, también, por la otra parte forzando el conflicto sin el músculo social que aporta legitimidad y con la unilateralidad como único proyecto. Los indultos deben dar paso a una plataforma políticamente transversal que respalde un proceso más amplio sobre el reconocimiento de las distintas realidades nacionales del Estado y los mecanismos para la realización de sus proyectos desde una legalidad democrática. Es una oportunidad para poner las bases de la resolución democrática del conflicto.