os disturbios ligados al botellón y a la desmedida juerga nocturna ya tienen un precio de salida en Navarra, que se convertirá en definitivo el próximo 9 de septiembre cuando se celebre el juicio rápido fijado para esta fecha. Lo estableció ayer la Fiscalía, que solicita hasta cuatro años y siete meses de prisión para alguno de los detenidos la madrugada del viernes en Pamplona por los altercados vividos en el Casco Viejo, que se saldaron con once arrestados y ocho policías municipales heridos leves, si bien solo seis de ellos están siendo investigados.
Se trata de la primera actuación judicial de envergadura contra este tipo de incidentes nocturnos que vienen sucediéndose en las últimas semanas en distintos puntos de la geografía de la Comunidad Foral, pero sobre todo es un aviso a navegantes con el que se pretende poner coto a una situación que se ha convertido en insoportable especialmente para los vecinos del centro histórico de la capital, que sufren desde la indefensión molestias que les impiden el derecho al descanso. Por el momento, los arrestados están en libertad provisional y con la obligación de cumplir medidas cautelares relacionadas con su propia movilidad.
Deben comparecer ante el juzgado que instruye este procedimiento cuantas veces sean requeridos y además no pueden acceder al Casco Viejo al menos hasta que tenga lugar la vista oral. Los investigados son jóvenes menores de 25 años que no tienen antecedentes penales, por lo que las posibilidades de que terminen en prisión son muy reducidas. No obstante, el procedimiento judicial al que se enfrentan deja clara la firme determinación de la justicia a poner fin a los ataques con piedras y botellas a la policía, que también se han producido en localidades como Aibar, Zizur o Barásoain, con la diferencia de que en estos otros casos no ha comparecido nadie delante de un juez.
Ahora, sin embargo, estamos ante un escenario algo dferente, entre otras razones por la alarma social que han causado estos disturbios más recientes, así como por el hartazgo de muchos vecinos, que ya sufren con resignación las molestias derivadas del incremento de establecimientos hosteleros de la última década y que exigen a las instituciones que tomen medidas para evitar que se repitan estos brotes de violencia nocturna ligados a los botellones.
