na familia obtiene amparo del Tribunal Supremo a su demanda de que su hijo reciba clases en castellano en Catalunya mediante una fórmula -una cuota del 25% de las clases- que parece más orientada a asegurar la presencia relevante de la lengua castellana en la educación que de garantizar el conocimiento pleno de la misma por parte de los estudiantes. El debate es viejo y ha sido tradicionalmente manipulado por la argumentación de la derecha nacionalista española en un juego de suma cero respecto de las lenguas minorizadas durante décadas en el Estado: el castellano exige una vigencia, cuando no una supremacía a costa de reducirse la influencia, la vigencia y la sostenibilidad del euskera, el catalán o el gallego. Esa falacia solo se sostiene de espaldas a la realidad y mediante una campaña calculada de elevar el tono de la crispación de modo que los hechos objetivos queden sometidos a la voluntad de rescatar la uniformización cultural de la que hacía gala el Estado español preconstitucional. No existe un peligro objetivable de pérdida de difusión o uso del castellano en ningún territorio del Estado y sí hay una dificultad palpable de que las lenguas cooficiales hallen su lugar y su merecida protección en la vorágine de uso, producción y consumo de contenidos culturales y de ocio en castellano e inglés. Ocultando esa realidad se está desempeñando la derecha española -PP, Vox y el cada vez más residual Ciudadanos- con una polémica que debería haber movido al consenso y no a la manipulación. El acoso en redes sociales padecido por la familia de Canet es inadmisible, merece la condena más contundente y el reproche público. Tanto como el que padecen las expresiones de las culturas vasca, catalana o gallega, que no han merecido espacio en el debate público de de sus señorías más que para reducir su visibilidad. El discurso de la crispación es una fórmula que trata de ahondar o directamente generar una división social para convertir en emblema de uso político lo que debería quedar resuelto por la vía de la unidad en torno a los derechos lingüísticos y culturales de la ciudadanía. De toda la ciudadanía. En su lugar, se aplica rodillo desde una posición cultural dominante que agrede, señala y criminaliza a las demás. El frente cultural del nacionalismo español ha tenido en la lengua su ariete y ahora enarbola la defensa del castellano frente a otro molino de viento que se hace pasar por gigante.