a administración de la justicia que realizan los jueces y magistrados debe realizarse bajo el prisma de su irrenunciable misión de garantizar el imperio de la ley contribuyendo a la convivencia pacífica, la justicia social y la resolución de conflictos, siempre bajo criterios de rigor, eficacia, oportunidad e independencia y argumentos jurídicos sólidos, razonados y cimentados en las leyes y ajenos a interpretaciones personales. Últimamente, sin embargo, algunas resoluciones emitidas por determinados órganos judiciales en la CAV, algunos de ellos de manera reiterada, están causando estupor tanto por el sentido de las sentencias y autos como por los argumentos que exponen. La decisión de la ya conocida Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV que rechaza la prórroga y extensión del pasaporte covid en la CAV, así como la sentencia dictada por un tribunal de Gasteiz que ordena readmitir a una funcionaria interina que no acreditó perfil lingüístico bajo el argumento de que el euskera es un idioma “muy difícil” son, en este sentido, casos paradigmáticos. En el caso de la ya octava ocasión en estos escasos dos años de pandemia en que el Superior vasco tumba decisiones adoptadas por el Gobierno Urkullu, la justificación que realiza en su auto aparece salpicada de argumentos interpretativos que se antojan carentes de una mínima solidez. No debería ser necesario recordar que gran parte de países europeos y otras comunidades del Estado con similar situación epidemiológica que Euskadi mantienen aún en vigor el pasaporte covid. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Navarra accedió el pasado viernes al mantenimiento de las restricciones, incluida la prórroga del certificado sanitario, al considerar que siguen siendo “necesarias, proporcionadas e idóneas”, justa y exactamente lo contrario de lo que argumenta el TSJPV. Poner en cuestión la gravedad de la situación epidemiológica o banalizarla al considerar que los contagios están en “claro descenso” o polemizar sobre la “eficacia” del pasaporte covid para “reducir de manera apreciable” la transmisión del virus es, como mínimo, una osadía. Tanta como ver ¡en Euskal Herria! que el euskera es una lengua “difícil”. La utilización en estas resoluciones de argumentos más propios de convicciones personales que del rigor jurídico contaminan y desacreditan a la propia justicia y generan alarma social.
