a crisis derivada o agravada por la guerra en Ucrania está impactando de manera cada vez más notable en la ciudadanía y la economía, agravando una situación ya de por sí muy complicada a causa de la pandemia y poniendo en riesgo no ya solo la recuperación sino la supervivencia de las empresas y el empleo. Tras varias semanas de titubeos, las instituciones han decidido, en el marco de sus respectivas responsabilidades, tomar cartas en el asunto con el objetivo de afrontar las consecuencias de la crisis. El abordaje de esta delicada situación tiene dos planos: uno, a corto plazo y cuyo objetivo inmediato es responder de manera urgente y eficaz a las dificultades más apremiantes; y otro, a medio y largo plazo, en el que se deben abordar los problemas estructurales que ya se venían detectando y que han aflorado con mayor virulencia tanto durante la pandemia como ahora con la guerra. En este contexto, la Unión Europea, el Gobierno español y el Ejecutivo foral han puesto en marcha de planes de choque destinados a atajar los efectos más sangrantes de la crisis que podrían tener, además, un efecto en cadena que agrave el problema. De los 500 millones movilizados por parte de la Comisión Europea para Desarrollo Rural, España ha recibido el 12,8 %, lo que supone 64 millones (3 de ellos son para el tejido productivo de la Comunidad foral). También se han activado en Navarra 30 millones de avales para poner en marcha financiación que permita auxiliar a empresas afectadas por la guerra. La Hacienda Foral por su parte mantiene sus previsiones de crecimiento pese a la incertidumbre económica si bien Chivite, que no descarta nuevas medidas, ya ha advertido que la crisis tendrá un impacto en las previsiones de crecimiento del PIB foral de este año si la guerra de Ucrania se alarga. A su vez el paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno de Sánchez -que tiene margen de maniobra tras el aval recibido de la UE-, cuyos objetivos más inmediatos son la rebaja en el precio del combustible para todos los ciudadanos, el límite a las subidas de los alquileres y la rebaja del IVA de la electricidad, va en la línea de servir de paliativo de amplio espectro. También se prohíbe el despido para las empresas que recurran a un ERTE para sortear la crisis y los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía. Era imprescindible e inaplazable aunque probablemente el plan sea insuficiente. Una vez más, la obcecación de Sánchez por adelantar las medidas sin consulta, diálogo y consenso previo choca tanto con sus constantes apelaciones a arrimar el hombro como con la envergadura del reto.