Cuando se bordeaba el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Jucicial (CGPJ) y, con él, de las máximas magistraturas –Tribunal Supremo y Constitucional– el Partido Popular vuelve a dar marcha atrás y continúa secuestrando todas estas instituciones, esta vez amparado en una maniobra política relativa a la reforma del delito de sedición en el Código Penal. La voluntad manifiesta de obstruir la renovación de estos órganos deteriora la calidad, la imagen y la dignidad de las instituciones judiciales, además de constituir una reiterada deslealtad al modelo constitucional que simula defender con tanta vehemencia con un discurso nacional español que criminaliza la diversidad de las diferentes realidades nacionales del Estado español. El debate sobre la reforma del delito de sedicion es perfectamente sostenible sin retener una mayoría ficticia de sensibilidades políticas afines evidenciadas por la mayoría de los miembros ya caducados del CGPJ. Una intervención jurídica seria del tratamiento del delito de sedición debe ser fruto de un análisis comparado en el derecho internacional de la figura y no un dogma sostenido por meras soflamas del nacionalismo español. Si el tratamiento penal resulta comparativamente excesivo o no deberá determinarse con independencia de que la sensibilidad política de los miembros del máximo órgano del Poder Judicial, esté sesgada o no hacia una determinada sensibilidad política. Por eso, vincular la renovación del órgano a un pulso político es desleal y manipulador. La sedición, entendida como el alzamiento violento contra el poder del Estado con intención de derrocarlo puede tener muchas interpretaciones políticas pero solo una jurídica. De lo contrario, la mera intención de alterar el funcionamiento democrático de las instituciones –y las judiciales no son las menores de ellas– bien puede entenderse como voluntad de alterar el funcionamiento de ese poder, violentádolo mediante el secuestro de sus funciones, como de facto está sucediendo con la negativa a renovarlo. Solo cabe entender que la manipulación emocional que practica el PP en este asunto busca impedir que la institución judicial refleje el sentir democrático mayoritario hasta conseguir orientar este hacia sus intereses. Y esa debe denunciarse políticamente como una forma de sedición.