La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles de la agenda política. Esta semana, en una respuesta parlamentaria al PNV, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado su voluntad de endurecer las penas contra la multirreincidencia delictiva, una realidad que preocupa tanto a la ciudadanía, que observa el fenómeno como una ventana a la impunidad, como a las admnistraciones locales, las más expuestas al malestar vecinal que provoca.

El Ejecutivo tramitará la proposición de ley presentada por Junts, con el objetivo de ofrecer una respuesta legal más firme a esta realidad que afecta especialmente a las grandes urbes, donde los delitos menores pero reiterados generan una sensación constante de inseguridad e impotencia. Sánchez se ha comprometido a tramitar la proposición de ley de Junts, una iniciativa que estaba bloqueada en el Congreso desde hace un año, después de que PSOE y Sumar ampliaran hasta en 14 ocasiones el periodo de enmiendas. La multirreincidencia no es un problema nuevo, pero sí un desafío creciente.

Los datos policiales y judiciales muestran que una proporción significativa de hurtos, robos o delitos de vandalismo son cometidos por un reducido grupo de delincuentes habituales, que conocen bien los límites del sistema penal. Para la sociedad resulta difícil comprender que una persona pueda ser detenida decenas de veces sin que se traduzca en una pena disuasoria. Esa aparente desconexión entre el esfuerzo policial y la respuesta judicial genera frustración entre los agentes y alimenta la idea de que la administración es incapaz de garantizar la seguridad. Su ausencia, en cambio, se ha convertido en un terreno fértil para el discurso del miedo. La ultraderecha ha sabido explotar con eficacia la sensación de desprotección, vinculando inseguridad con inmigración, promoviendo bulos y falsos alarmismos que no solo distorsionan la realidad, sino que alimentan la xenofobia y erosionan la confianza en las instituciones.

Cuando la calle percibe que la ley no actúa, cuando la repetición delictiva se tolera o minimiza, el espacio del debate racional se estrecha y crece el riesgo de respuestas autoritarias. Es de esperar que la promesa del presidente español no sea un movimiento táctico para complacer a Junts ahora que se ha descolgado como socio de la legislatura y refleje una voluntad por abordar un problema que figura entre las principales preocupaciones de la gente.