Hay cifras que, negro sobre blanco, identifican y sitúan la realidad en sus justos términos. El último informe presentado por Cáritas y realizado por la Fundación Foessa, es un buen ejemplo de ello. La citada entidad, vinculada a la primera, convierte una sensación en certeza: las generaciones jóvenes en el Estado van a ser más pobres que las de sus padres. Desde luego, pese al rigor del macroestudio, no se puede generalizar y hay realidades nacionales, como las que se viven en Euskal Herria, en las que la situación no es un calco exacto de la conclusión final, pero tiene similitudes importantes.

El citado trabajo prospectivo sobre exclusión y desarrollo social indica que los jóvenes son los grandes damnificados por el actual sistema social, fruto de la evolución de otros modelos y de su atribulado paso por las sucesivas crisis, desde la inmobiliaria de 2008 hasta la provocada por el covid, de la metamorfosis provocadas por la tecnología y del cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Como muestra de las conclusiones más significativas, varios botones. Por una parte, los nacidos entre 1996 y 2007 llegan al mercado laboral cobrando hasta un 30% menos que sus compañeros de profesión y/o de empresa. Aparte, la exclusión social atrapa ya al doble de menores de 30 años que en 2007, hasta llegar a los 2,5 millones de personas. Desde luego, las cifras marean por su dimensión, pero no deberían extrañar si se repasa la hemeroteca. Los problemas de acceso a unas condiciones salariales dignas y la imposibilidad de encontrar soluciones habitacionales igualmente dignas, por ejemplo, se están cebando con los jóvenes, pero no solo con ellos. De hecho, las derivas macropolíticas y macroeconómicas han dejado un proceso inédito de fragmentación social, con una visible contracción de la clase media, muy afectada por las crisis inflacionarias. En total, en el conjunto del Estado, la exclusión severa afecta a 4,3 millones de personas, un 52% más que hace 17 años.

Datos que hablan a las claras de la insostenibilidad del sistema y de la fractura que hace que los más humildes cada vez tengan menos y más posibilidades de verse atrapados en la pobreza. Ante esta situación, se requiere un gran pacto transversal y que las autoridades actúen con políticas que faciliten la redistribución, el empleo y los salarios dignos y un volumen de vivienda social que cumpla con las necesidades.