El gesto intentado esta semana por Pedro Sánchezpara restaurar el diálogo, asumiendo el incumplimineto de varios de sus acuerdos de investidura, es un ejercicio de voluntad política de difícil recorrido. En primer lugar, porque la dificultad de satisfacer todas las demandas planteadas no reside únicamente en su gestión directa. Asuntos fundamentales para Junts, como la amnistía o una revisión sustancial del modelo de financiación autonómica, dependen en su mayor parte del apoyo parlamentario que no está garantizado –y no solo por parte del partido de Carles Puigdemont– y de decisiones judiciales.
Pero tampoco el portazo de Junts implica necesariamente la ruptura definitiva. Miriam Nogueras, dentro de la presión y malestar que mostraba ayer mismo, también dejaba un resquicio a restaurar un grado de confianza en función del cumplimiento que pueda llegar. Graduar ese cumplimiento y esa confianza y no reducirlo a todo o nada puede ser interesante para la propia Junts porque sus iniciativas legales para Catalunya pasan por la actual coalición gobernante. La alternativa de un gobierno de la derecha de PP y Vox no augura una mayor sensibilidad a sus peticiones, sino más bien lo contrario. Por otro lado, Sánchez mantiene compromisos verificables en iniciativas y plazos no solo con Junts, sino también con sus otros socios de investidura y legislatura, siendo los de PNV y ERC los más contundentes y tangibles. Estos acuerdos establecen una articulación política delicada y compleja, pero hasta ahora compatible, que ha permitido sostener una legislatura consciente del peso de la diversidad.
El Gobierno deberá equilibrar estas demandas, a veces contradictorias, para dar estabilidad a su relación con los socios. Las partes deberán medir el valor real de generar cortocircuitos que puedan ponerla en riesgo. Las prioridades de Catalunya no avanzarán fuera del marco actual, ni tampoco la gobernabilidad efectiva. Es necesario que Junts module su postura, y que Sánchez continúe trabajando en oferta política realista y pragmática, consciente del entramado parlamentario y territorial en el que se mueve. Cumplir con el soberanismo vasco y catalán no es una merma para la estabilidad del Estado sino el reforzamiento de la confianza desde la diversidad que en el pasado le han permitido progresar.