A poco más de 48 horas del inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, resulta difícil vislumbrar el escenario estratégico y geopolítico que se abre en la zona y en el mundo. En este ataque confluyen decisiones que rediseñan las reglas del juego global y socavan marcos de legitimidad internacional. La ofensiva ha golpeado objetivos clave de la infraestructura militar y de mando iraní, incluyendo la muerte del líder supremo Ayatolá Ali Jameneí y de varios altos dirigentes del régimen. Esto representa un golpe sin parangón en casi cuatro décadas de historia de la República Islámica en un momento de debilidad política y militar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acompañado la operación con un discurso que anima a un levantamiento popular contra las autoridades teocráticas, un enfoque que en América Latina ya vimos aplicado en Venezuela, con resultados cuestionables en cuanto a sus efectos democráticos reales. Pero Irán no es Venezuela. La influencia regional de la república islámica se extiende más allá de su territorio. Pivota sobre una vasta red de relaciones sectarias, políticas y militares en países como Irak, Siria, Líbano y Yemen, y cuenta con una significativa ascendencia sobre amplios sectores de la comunidad chií en la región. Esta red no es fácil de desarticular desde el aire, ni puede ser sustituida por un simple vacío de poder sin desencadenar reacciones imprevisibles. La historia reciente indica que destruir o debilitar físicamente a una élite gobernante no garantiza que desaparezcan sus estructuras sociales ni que quienes representan su núcleo duro sean reemplazados por fuerzas moderadas o pro-occidentales.
Por el contrario, existe el riesgo de un vacío de poder que derive en un escenario de fragmentación interna o incluso guerra civil, alimentado tanto por las divisiones sectarias como por la presión de facciones radicalizadas. La ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv pone en evidencia una fuerte erosión del derecho internacional consagrado en organismos como las Naciones Unidas. La escalada se produce pese a las advertencias de varios estados y del propio secretario general de la ONU sobre los riesgos de expansión del conflicto, así como los llamamientos a la diplomacia y el fin de las hostilidades. La postura asumida por la Administración estadounidense refleja una visión donde prima la ley del más fuerte sobre los marcos multilaterales de legitimidad.
